“Murata debe ser condenada por la muerte de nuestro padre y sus compañeros”

“Murata debe ser condenada por la muerte de nuestro padre y sus compañeros”

NU dialogó con las hijas de Miguel Ángel Olmedo, quien falleció a causa de precarización laboral. El estado de la causa judicial.


La causa “Murata S.A. s/violación de medidas de propagación de epidemia (art.205) y otro” continúa abierta.

Según relataron a Noticias Urbanas Nidia y Vanesa Olmedo, hijas de Miguel Ángel Olmedo, de cuya muerte por precarización laboral en manos de la empresa Murata se cumple un año en este mes de junio, la causa judicial avanza: “El fiscal y la jueza aceptaron la querella y entendieron que hay razones para investigar a la empresa. Actualmente se están produciendo las medidas de prueba que propusimos, tanto en la parte testimonial como la informativa”.

Miguel Olmedo era un empleado de 64 años que prestaba servicios de vigilancia para la empresa de seguridad Murata SA desde hacía 12. A pesar de su reticencia a causa de la pandemia de Covid-19 y su consecuente cuarentena, fue enviado a trabajar a la Villa 31 bajo amenaza de despido. Allí se contagió de Covid-19 y, poco tiempo después, falleció. 

Las hermanas Olmedo indicaron que la empresa estaba al tanto de las complicaciones de salud que convertían a su padre en una persona de riesgo: síndrome coronario, hipertensión, insuficiencia respiratoria y obesidad, además de su edad. Aun así, la empresa rechazó su solicitud de licencia, estando incluso a tres meses de jubilarse.

Miguel no fue la única víctima de precarización laboral. Trabajando para esta empresa también perdieron la vida Atilio Acosta, Néstor Farías, Claudio Andrade, Juan Campos, Valeria Páez y Martín Pino (quien falleció en el 2018).

Las familias de los fallecidos denunciaron que la empresa no les proveyó de elementos de prevención contra un virus que ya se cobrara vidas alrededor del mundo y hasta que la misma manipulaba información frente a la prensa. En el caso de Martín Pino, que había sido enviado a trabajar a un entramado de vías en Retiro que carecía de las medidas de seguridad pertinentes y donde, en consecuencia, fue arrollado por una formación, la empresa dijo que Pino se había suicidado.

Murata es una de las tres principales agencias que emplean a la mayoría de los 150 mil vigiladores declarados en Argentina. Las otras dos son Comahue y Briefin.

Esta empresa fue fundada por Guillermo Montenegro, exministro de Seguridad porteño que fue acusado por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno local. Hoy es intendente de Mar del Plata.

En la actualidad, el dueño de la compañía es Roberto Raglewski, un ex comisario exonerado de la Policía Federal, que se desempeñó como jefe de Drogas Peligrosas y estuvo involucrado en presuntos robos consumados por personal a su cargo en dos operativos. Fue también jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, y, anteriormente, estando al frente de la Comisaría 45ª, había sido acusado de estar involucrado en dos casos de gatillo fácil.

Raglewski tiene un socio, que es Ignacio Cocca, actual director general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes de la CABA.

Cocca es, según las y los trabajadores de la empresa, el nexo que ejercía contacto con un sector político: el Pro, ahora “Cambiemos”.

Fue en el 2018 que una de sus empleadas, Brenda Oso, descubrió que ella, al igual que otros once compañeros de trabajo, figuraban como aportantes de las campañas electorales de Cambiemos sin haber realizado esas contribuciones ni tener los fondos para hacerlo.

“Desde la familia sostenemos que fue un asesinato premeditado lo que hicieron con mi papá y también con sus compañeros. Queremos que no vuelva a haber otra víctima laboral y también que se sumen con su denuncia si han vivido lo mismo que con Murata”. (Nidia y Vanesa Olmedo)

Ante todo esto, el pasado viernes 28 de mayo, la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral llevó a cabo un acto virtual, en el cual participaron familiares de las víctimas y despedidos de Murata. El acto denunció a esta empresa por sus contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad y la complicidad de éste con la falta de controles en la aplicación de protocolos por Covid-19.

Asimismo, reclamaron el tratamiento en la Legislatura porteña del pedido de informes presentado en 2020 por el legislador mandato cumplido Gabriel Solano (PO-FITU) sobre los vínculos de Murata con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y las denuncias en marcha.

 

-¿Qué piden ustedes, los familiares de las víctimas, a la Justicia y a la empresa?

-Nidia y Vanesa: A la Justicia pedimos que, cuando termine con la investigación y haya recabado las pruebas necesarias, juzgue a los responsables.

Y que la empresa Murata sea condenada por la muerte irreparable que ha provocado en nuestro padre y sus compañeros, que hasta el día de hoy quedaron impunes. Pero para esto estamos nosotros, sus familiares, que seguimos clamando justicia.

 

-¿Qué trato mantiene la empresa Murata con las familias de las víctimas?

-Ninguna.

 

 

-Algunos familiares denuncian “hostigamiento” por parte de la empresa, ¿a qué se refieren?

-Nos referimos al acoso laboral que tuvo nuestro padre durante el trabajo que allí ejerció durante 12 años, con castigos, persecución, represalias si te oponías a sus directivas o reclamabas por tus derechos laborales. Después, lo hostigaron cuando mi padre logró obtener su licencia bajo el DNU 207/2020 por su edad y sus enfermedades de base: síndrome coronario, hipertensión, insuficiencia respiratoria y obesidad. Esto ellos lo sabían muy bien, porque recayó con esas enfermedades en el año 2015, cuando aún estaba trabajando y nunca se le dispuso servicios de la ART. Se arregló solo con la obra social e hizo lo que pudo con el tratamiento a seguir.

La empresa sabía muy bien cómo era mi padre: era muy responsable con su trabajo pero nunca reconocieron sus méritos, sus logros, para que sea respetado. Tal es así que tras insistir junto a mi cuñado, le dieron 14 días de licencia pero después le descontaron del sueldo esas semanas. Así fue como lo presionaron para que volviera a trabajar, porque le decían que era esencial, bajo amenaza de que lo iban a despedir.

Hasta se tomaron el trabajo de convencerlo de que iba a estar mejor, cuidado y solo, en un nuevo objetivo, un lugar de riesgo para él: la villa 31. En ese momento no había agua, ni baño, era una zona de riesgo para el contagio del Covid-19. Tampoco se sanitizaba el objetivo (el lugar de trabajo), por lo que mi papá tenía que llevar botellas de agua como podía, porque a él ya su bolso le pesaba de tanto esfuerzo que hacía por llevar su comida, elementos de seguridad, de aseo y demás. Por todo eso, desde la familia sostenemos que fue un asesinato premeditado lo que hicieron con mi papá y también con sus compañeros.

 

-¿Consideran que la empresa manipuló información con la prensa sobre estos casos?

-Sí, nosotros como familiares y hablando con otras familias nos dimos cuenta de que manipulan a los medios y a los sindicatos. Incluso llegan hasta los familiares de las víctimas ofreciendo ayuda, pero es sólo para averiguar en qué condiciones económicas están. También compran medios, con tal de que no hablen. Pero lamentablemente nos dimos cuenta tarde de eso, no sabíamos que tenían tanto poder. Nos pasó con tres medios, a los que les bajaron línea y después nos fuimos enterando de algunos más.

 

 

-¿Cómo estuvo el acto virtual que hicieron el viernes 28 desde la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral? ¿Qué pueden contar de eso?

-Estuvo muy bien el acto virtual, por ser la primera vez, aunque nosotros como familiares teníamos nuestras emociones encontradas, atravesados con el dolor al no estar nuestro padre. Fue fuerte verlo por video, donde se movía y sonreía. El final del acto fue una conmemoración a un año de su muerte

Se invitó a que participaran también las demás familias, como las de Martín Pino y Juan Campos, quienes tuvieron desenlace fatales en Murata, otros familiares víctimas de Asesinatos y Precarización laboral, familias que buscan justicia, despedidos de Murata en plena pandemia, agrupaciones como Basta de Asesinatos Laborales, etc.

También estuvo Gabriel Solano, legislador que presentó la denuncia el año pasado por el caso de Murata y hasta ahora sigue encajonado, queremos que sea conocido el caso por la cámara del congreso y se pueda tomar medidas urgentes por los demás trabajadores

 

-¿Por qué junto a Murata denuncian también al Gobierno porteño?

-Porque terceriza la seguridad de sus establecimientos mediante contratos millonarios, deslindando todo tipo de control y cuidado, y haciendo negocios poco transparentes con empresas que aportan a las campañas electorales como Murata.

 

-¿Tienen vías de contacto donde comuniquen el avance de la investigación de la causa?

-Sí, está el link de la agrupación de Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral y también desde la página que tenemos por mi Padre, que se llama @Justicia por Miguel Ángel Olmedo

Y pueden seguir el caso en las distintas redes por Facebook, Instagram, Tik Tok, Kwai y por YouTube. Ahí verán como seguirá la causa, por comunicados, videos, etc.

Necesitamos el apoyo más que nunca de la gente. Queremos que no vuelva a haber otra víctima laboral, y también que se sumen con su denuncia si han vivido lo mismo con Murata.

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