En medio de la crisis por el narcotráfico en Rosario, el presidente Javier Milei reveló este miércoles como parte de su plan de seguridad en avanzar en la incorporación de cárceles de gestión privada y la venta de los complejos penales ubicados en el medio de las ciudades, con el objetivo de construir unidades de detención de máxima seguridad alejados de los centros urbanos.
“Hay cárceles que están en medio de la ciudad, en terrenos de real state (sic) de mucho valor en términos inmobiliarios. Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”, aseguró el mandatario, en declaraciones en una entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.
Como ejemplo, Milei consideró como uno de los casos de los penales que podrían ponerse bajo venta son las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, ubicado en el homónimo barrio porteño. Pero dio a entender que la propuesta incluye a otros establecimientos carcelarios alrededor del país.
Milei expuso la intención de este modelo de gestión de los centros de detención en pleno contexto de escalada de la violencia narco en la ciudad de Rosario, que dejó como víctimas fatales a los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa; el colectivero Marcos Caiola y el playero Bruno Bussanich, baleado en su lugar de trabajo.
El mandatario volvió a hacer referencia al despliegue de fuerzas federales en territorio santafesino y sobre el sentido de la reforma de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, que busca modificar el rol de los militares en casos específicos. “Acabamos de armar una ley para ampliar las facultades que pueden tener las fuerzas armadas en acción de narcoterrorismo”, explicó, y precisó que solo se aplicaría en este tipo de situaciones como la de Rosario.
De hecho, Milei encabezó el martes una nueva reunión de Gabinete en la que monitoreó la coyuntura de Rosario y se analizaron las directrices sobre el envío de una nueva Ley de Seguridad Interior en el Congreso para poder dar intervención a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es que las FFAA puedan tener atribuciones “adicionales”, actualmente limitadas por la normativa actual que en su artículo 27 que solo las autoriza a la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
”Lo vamos a mandar. Es algo que discutimos hoy en la reunión de Gabinete. Petri estaba con la ley, pero Patricia estaba en el avión de vuelta, pero es imprudente tomar una decisión final”, planteó Milei ayer una vez culminado el encuentro.