En una extensa denuncia ante la Justicia Penal Nacional, secretario general de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro Roberto Pianelli detalló punto por punto el conjunto de acciones ilegales desplegadas por funcionarios nacionales con el objeto de perjudicar a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte. Los funcionarios identificados son Lucas Fernández Aparicio y Adolfo Saglio Zamudio, ambos del Ministerio de Trabajo.
En la denuncia penal, que recayó ante la Fiscal Paula Asaro, Pianelli explicó las acciones llevadas a cabo en los últimos tres meses contra AGTSyP: “amenazas a los dirigentes del sindicato; inspección sorpresiva del sindicato por parte de la dirección de protección del trabajo; el Ministerio de Trabajo de la Nación emite una disposición contraria a derecho impidiendo a los afiliados aportar al sindicato AGTSyP a través del sistema de débito bancario, y se conmina a los bancos a que no trabajen con AGTSyP; se envían telegramas imponiendo sanciones a afiliados y activistas de AGTSyP y se inician juicios en el fuero laboral para la exclusión de tutela; se califica de manera falsa como ‘sindicato ilegal’ en los medios de comunicación a AGTSyP; se reprime y detiene a afiliados de AGTSyP que llevan a cabo acciones legítimas de protesta”.
Asimismo, los metrodelegados plantearon que el conjunto de acciones desplegadas por los funcionarios nacionales se encuadran en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público por emitir con dolo resoluciones ilegales, persiguiendo el objetivo de afectar al sindicato, y el delito contra la libertad de trabajo y asociación que tipifica el artículo 158 del código.
Y denunciaron haber recibido amenazas directas respecto de las intenciones gubernamentales de “destruir al sindicato”.
La denuncia sostiene que la “concatenación de acciones desplegadas por funcionarios públicos” violenta el derecho de asociación, ampliamente garantizado en la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional. Es por esto que los Metrodelegados han recurrido también ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el accionar ilegal contra la AGTSyP, no solamente implica responsabilidad penal para los funcionarios sino que lleva al Estado Argentino al incumplimiento de obligaciones ante los sistemas internacional e interamericano de Derechos Humanos.