El residente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), Raúl Zylbersztein, criticó el compromiso asumido por el Gobierno porteño con parte de los puesteros que fueron desalojados de la Avenida Pueyrredón.
Afirmó que “es contraproducente porque solo se le está dando entidad a un sector controlado por una mafia” y criticó que “el aporte obligatorio de todos los comerciantes del país sea utilizado para subsidiar una actividad ilegal”.
El Ejecutivo de la Ciudad llegó a un arreglo con un sector parcializado de los manteros, con la idea de reubicarlos en distintos predios, brindándoles por 60 días capacitación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad que, además, les dará un incentivo económico en ese lapso de $11.700, aportando casi $50 millones.
Por su parte, el titular de FECIBA consideró que “el conflicto no se puede arreglar con plata, sino que se necesita orden y trabajo” y agregó que “los problemas van a continuar indefinidamente porque el Gobierno porteño se reunió sólo con algunos punteros de la zona, reconociéndoles una representación inexistente en medio del caos que es la venta ilegal callejera”. Además, explicó que “el acuerdo dejó de lado a muchos otros vendedores, ya sea porque no están de acuerdo con abandonar su lugar o porque no pueden acceder al subsidio por tratarse de extranjeros indocumentados, lo cual en lugar de sofocar el problema, lo exacerba y genera cada vez más incidentes”.
En ese sentido, Zylbersztein reprobó que la gestión encabezada por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y el de Modernización, Andy Freire, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “le haya dado tanta entidad solo a esa organización mafiosa, como para negociar libremente con su capataz, siendo que se trata de un grupo de violentos que atacó el orden público y que viene infringiendo las normas desde hace más de diez años”.
También, reclamó que “no es la fuerza pública la vía idónea para solucionar este tema” y añadió que “el conflicto debería desentramarse con inteligencia, investigado hacia donde va la plata que pagan los manteros por su espacio, o cuál es el origen de esa mercadería, ya que se infiere que proviene de talleres esclavos, contrabando y piratería del asfalto”.
En ese marco, consideró que “no es para nada claro cuál será el beneficio” y que “carece de sensatez que los comerciantes legales, que reciben punitorios cuando apenas se atrasan un día en el pago de impuestos y que perciben un sinfín de multas por efectuar la carga y descarga de mercadería en los horarios estipulados, ahora, además, deban reemplazar al Estado y financiar una supuesta solución”.
Finalmente, Raúl Zylbersztein exigió que “el Gobierno de la Ciudad debe demostrar una real voluntad política para ir al fondo de la cuestión y encontrar una verdadera solución al problema, para evitar que este intento de acuerdo derive en un nuevo negociado carente de legalidad”.