La arquitecta Lilian Rodríguez –titular de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores de la República Argentina–, no bien empieza a hablar, deja claro que lo hará sin guardarse nada. “Los sistemas de control tienen muchas debilidades, que nosotros tratamos de transmitirle al Poder Ejecutivo. Para eso le solicitamos muchas veces audiencia a Horacio Rodríguez Larreta, que nunca nos atendió”, cuestiona.
“Por parte de la Agencia Gubernamental de Control, cuando pedimos ser recibidos por sus titulares, a nosotros nos atendieron solamente Federico Young, Pablo Bourlot y Oscar Ríos, pero Javier Ibáñez y Juan José Gómez Centurión, que también la presidieron, jamás nos atendieron. Lo que sí puedo decir es que todos coincidieron en que la figura indicada para resolver todos los temas que les planteábamos era Rodríguez Larreta, el mismo que nunca quiso vernos. Es más, alguna vez, cuando lo estábamos esperando, vimos pasar frente a nosotros, como Pedro por su casa, a un conocido barrabrava de Boca.”
“El cuerpo de peritos hoy cobra tan poco que, de ser 1.453 profesionales, terminamos bajando esa cantidad a unos 800 y luego, en este tiempo, a algo más de 600. Como además nos pagan con un retraso enorme, pareciera que somos profesionales que financiamos con nuestro trabajo al tesoro porteño –se queja la arquitecta–. Así y todo, el altruismo de mis colegas, que siguen luchando para no perder la figura de un controlador de obras, es ejemplar.”
A continuación, Rodríguez vuelve a cuestionar la demora en los pagos. “Ante cada encomienda (así se llama el trabajo de peritaje) que se nos encarga, tenemos que pagar un canon al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y tener al día el monotributo y el pago de la matrícula”, explica.
Diferenciando la labor de sus colegas de la de los inspectores, que habían sido tan cuestionados en los 90, Rodríguez asegura que los verificadores “dan muestras de un ejercicio impecable de su profesión. No hay una sola denuncia ni de los vecinos, ni del sector empresarial, ni del Gobierno, ni de los profesionales que dirigen las obras. No hay ni una sola causa que cuestione nuestra ética de trabajo”.
“En cuanto al tema de los ascensores –que también caen bajo la égida de los peritos verificadores–, se está haciendo en este momento un censo que solo sirve para agregarles costos a los privados, cuando ya existía un registro de verificación de los ascensores de donde se podían extraer los datos. Hace cuatro años pedimos un censo de ascensores, que de acuerdo con lo que decían los ingenieros mecánicos que se ocupan del trabajo de verificación, se podría haber hecho. Así, es claro que seguimos poniendo gente en cabinas peligrosas.”
Con respecto al trabajo que desarrollan ella misma y sus colegas, Rodríguez asegura que “se borra una de las estructuras más nobles que teníamos, que nos permitía descansar tranquilos. Si mis colegas previnieran habría tranquilidad; en cambio, hoy hay desprotección”.
La arquitecta se muestra preocupada por el futuro que viene. “Ahora, lo que pasó lo siento y lo padezco más como habitante de la Ciudad que como profesional. Me afecta, no solo en mi persona, sino que siento intranquilidad por mis seres queridos”, remata.