Con fecha del 30 de abril pasado, la jueza Elena Liberatori frenó el acuerdo entre el Gobierno porteño y la Lotería Nacional, sospechado de beneficiar al empresario K del juego, Crisóbal López.
La magistrada hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en carácter de letrado en causa propia, quien solicitó que se declare inconstitucional el convenio firmado entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas porteño. Y la sentencia en primera instancia obliga a la Ciudad a enviar el acuerdo a la Legislatura porteña para que allí sea refrendado en segunda lectura, además de realizar una audiencia pública.
Los detractores del acuerdo agumentaron que la Ciudad le condonaba a López una millonaria deuda por Ingresos Brutos generada en las actividades del juego que éste regentea, así como pagos futuros en concepto de ese impuesto.
Los artículos cuestionados refieren a la condonación de la deuda por Ingresos Brutos que tienen los casinos de López y al régimen de privilegio por el cual sus empresas de juego iban a tributar en el futuro un 3% de Ingresos Brutos, y no el 8% como indica la ley.
El abogado constitucionalista, impulsor de la medida manifestó en declraciones a La Nación: “Este fallo garantiza el principio de igualdad para los habitantes de la ciudad, que deben tributar el mismo porcentaje”.
Del lado de Ciudad, los funcionarios evitaron pronunciarse sobre el tema.
Dicho conflicto estriba en la situación del casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Ambos están en conflicto judicial con la administración porteña desde que, en 2009, la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos. Varias medidas cautelares de primera instancia dieron la razón a los empresarios.
Tras un acercamiento y pacto entre Ciudad y Nación, en noviembre pasaso se estableció un nuevo convenio, cuyo texto propone: aumentar la porción que recibe la Ciudad de las ganancias del juego al 50%; era del 35 por ciento. Además, prevé que los dueños del Casino Flotante y de las tragamonedas de Palermo paguen un canon “especial y suplementario” del 3% de las ganancias obtenidas exclusivo para las arcas porteñas.
Por ambos conceptos, según estimaciones de la Ciudad, ingresarían unos 300 millones de pesos más por año, monto que casi duplica los actuales 350 millones de pesos que la Ciudad recibe por los juegos de azar. Este convenio también fue cuestionado por la oposición porteña en diciembre pasado..