En los últimos años, como nunca antes, cuando la democracia nacía con fecha de vencimiento, el avance del sistema democrático fue notorio en nuestro país, sin perjuicio de una larga serie de choques, desacuerdos y polémicas que se suscitaron entre los tres poderes que comparten el manejo de la cosa pública, aunque de estos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son los más proclives a custodiar sus límites con mayor celo.
En este contexto, en la Ciudad de Buenos Aires, sus autoridades no lograron mantenerse aislados del espíritu de época y los choques entre jueces y funcionarios asumieron en ocasiones amplias magnitudes. Sin ir más lejos, los jueces han frenado la intervención a la obra social de los empleados del Estado porteño, han detenido obras, han obligado a la Ciudad a subsidiar indigentes, han autorizado la instalación de carpas en lugares públicos, suspendieron licitaciones, reincorporaron a empleados estatales despedidos y hasta pararon la construcción del centro cívico porteño, entre otras medidas que desataron la furia de los funcionarios del Poder Ejecutivo porteño y, en especial, la de sus autoridades más encumbradas.
Se dice en los mentideros políticos, incluso, que ante el desteñido papel que suele protagonizar la oposición, el Poder Judicial ejerce ese rol con mucha más resolución que los propios partidos que poseen representación parlamentaria. La mayoría de estos suelen elegir antes la tortuosa senda de la negociación que el desértico camino de la iniciativa y la proposición política, plagado de riesgos y de posibles equivocaciones. Los medios nacionales tradicionales, todos antikirchneristas, hoy ejercen, por su parte, un blindaje a la figura del actual jefe de Gobierno mientras apuntan sus dardos contra la administración nacional. Por lo que la oposición más temida por Mauricio Macri está es un sector de la Justicia porteña: los denominados “jueces díscolos” del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario. Son tres los más resistidos: Roberto Andrés Gallardo, María Elena Liberatori y Patricia López Vergara.
Cuando recién comenzaba su mandato, por ejemplo, Macri decidió nombrar a la jueza Elena Liberatori agregándole su apellido de casada –Haramburu– “para que todo el mundo sepa quién es”. Intentaba así que el público repudiara a la magistrada, ubicándose él mismo en el rol de víctima de sus fallos, como si el pueblo que lo votó para ejercer su cargo político debiera amonestar paralelamente a la jueza, en nombre de una supuesta Justicia que estaba más allá de la Justicia, porque para cuestionar a la jueza esta otorga mecanismos ya establecidos, que llegan hasta el juicio político y la destitución.
Existen numerosas historias que podrían narrarse acerca de las conflictivas relaciones entre magistrados y funcionarios, pero bastaría un breve repaso para ilustrar ese camino rugoso pavimentado de disensiones.
• El Mobiliario Urbano en la picota. El 8 de agosto de 2008, el juez Roberto Gallardo frenó la licitación del Mobiliario Urbano, tras una denuncia de la empresa de publicidad en la vía pública Spinazzola, cuya propuesta había sido desechada por el Gobierno porteño. Finalmente, la licitación se hizo, después de que el juez Luis Rodríguez procesara a Macri, al ministro de Medio Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, al exdiputado Patricio Di Stéfano y a varios funcionarios más, aparte de los titulares de la empresa Publicidad Sarmiento, Eduardo y Orlando Terranova.
Finalmente, tras la apelación del exjuez Mariano Bergés, que llegó en recurso de queja hasta la Corte Suprema, todos fueron sobreseídos y la concesión fue adjudicada a las empresas Publicidad Sarmiento, PC Publicidad y Grupo al Sur.
• Insania en el Borda. El 26 de abril de 2013, mientras una cuadrilla demolía el Taller Protegido N° 19, ubicado dentro del predio del Hospital “José Tiburcio Borda”, la Policía Metropolitana desató una feroz represión contra los trabajadores de ATE, periodistas, médicos, enfermeros, familiares de los pacientes y pacientes del establecimiento neuropsiquiátrico.
La jueza Elena Liberatori, en enero, había ordenado la reapertura del taller, que el Gobierno de la Ciudad había desmantelado porque pensaba construir allí el denominado Centro Cívico. Pero en febrero, la jueza Andrea Danas revocó esa medida con el argumento de que el gobierno ya había construido otro espacio para el funcionamiento del taller. En ese fallo se basó el Ejecutivo para ordenar la demolición del taller, en medio de un operativo represivo que dejó un saldo de decenas de heridos.
“El día anterior a la demolición del Taller Protegido N° 19, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fueron Contencioso Administrativo y Tributario le ordenó al Gobierno no demoler e incluso le puso una multa por no obedecer su resolución. No solo no obedecieron, sino que lo hicieron a costa de una represión feroz”, afirmó a Noticias Urbanas el jurista Lisandro Teskiewicz, quien aseguró que en el gobierno que encabeza Mauricio Macri “siempre son reticentes a aceptar los fallos de la Justicia. Siempre apelan y muchas veces siguen adelante con las obras para presentar después los hechos consumados. El caso de la represión del Borda es emblemático”, señaló.
• Maestros que parodiaron, los echaron y volvieron. El 13 de septiembre de 2012, gracias a un fallo de la jueza Liberatori, seis maestros que habían realizado una parodia de Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich, volvían a dar clases en la Escuela N° 3 de Monte Castro, después de haber sido separados por el último de los nombrados, en represalia por su actividad docente.
Los maestros habían hecho, según las autoridades, una representación “disvaliosa” de los funcionarios y esa fue la razón de la sanción. Lo que no se dijo es que la función aludía a los cierres de cientos de cursos escolares que decidió el ministro Bullrich, que generaron incontables problemas a los padres, docentes y alumnos.
• Comuneros indeseados: cuando se plantó el TSJ. Al igual que todos los Gobiernos porteños que lo antecedieron desde la sanción de la Constitución de la Ciudad, dictada en 1996, el de Macri eludió lo más que pudo la convocatoria a elecciones de comuneros. Finalmente, obligado por una decisión del Tribunal Superior de Justicia, convocó a elecciones en junio de 2011, junto con la elección a jefe de Gobierno.
Originalmente, el TSJ había establecido que las elecciones se iban a realizar en agosto de 2010, pero el Gobierno porteño solicitó autorización para realizarlas en 2011 y su petición fue aceptada. Más tarde, el desagrado del Gobierno porteño por esta decisión impuesta por la Justicia lo llevó a crear la figura de las Unidades de Atención Ciudadana, que ejecutan el presupuesto sin intervención de las Juntas Comunales y además se superponen en sus funciones, vaciándolas de contenido.
En esta larga lista podrían agregarse los fallos en los que la Justicia obligó a Macri a reabrir 82 de los cursos que había cerrado su ministro de Educación; la instalación de postas sanitarias y ambulancias en las salas de las villas 21-24 y 31; la que lo obligó a otorgar una solución habitacional a los moradores de la traza de la fallida AU3; la suspensión de los recitales en River Plate mientras no se instalaran placas especiales para amortiguar el sonido; la resolución que le ordenó otorgar un subsidio habitacional a Alba Quintana, una mujer que vive con su hijo discapacitado; la resolución que lo obligaron a trasladar los recitales de Ultra Buenos Aires desde la Isla Demarchi a Villa Lugano; el fallo que lo obligó a trasplantar los árboles de la avenida 9 de Julio en el marco de la construcción del metrobús y los que lo obligaron a retrasar la entrada en vigor de los aumentos del subterráneo.
Las medidas para disciplinar a los jueces
En la sesión del 6 de diciembre de 2013, Macri logró reformar tres leyes que le permitirán controlar mejor a los jueces rebeldes. Son la Ley 7, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires; la Ley 31, que establece las mayorías para que el Consejo de la Magistratura decida los juicios políticos, y la Ley 1.903, que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Las normas fueron incluidas en los tradicionales “paquetes” de fin de año, cuando se votan las leyes pendientes, previamente al fin del período legislativo ordinario. Para aprobarlas existió una dura negociación, que incluyó a algunos legisladores que terminaban sus mandatos y que eligieron votar a cambio de designaciones en los organismos estatales descentralizados.
Es claro para los conocedores que destinatarios estrella de tanta voluntad legislativa serán los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara.
Las reformas a la Ley 7 fueron aprobadas por 48 votos favorables. El diseño corrió por cuenta del diputado Daniel Presti, que antes había sido uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada.
En 2012, el Pro ya había buscado disminuir las mayorías necesarias para acusar a un magistrado y llevarlo a juicio político. Según fuentes judiciales, el principal objetivo es este cambio habita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT), donde el gobierno cosechó los principales reveses.
La Ley Nº 31, que regula al Consejo de la Magistratura local, cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al Pro una reforma cuyo objetivo era “mejorar su funcionalidad”, pero que implicó un cambio en las mayorías para tomar decisiones y también para lograr el quórum para llevar a cabo los plenarios.
Estos cambios en el Consejo incluyen la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros solo será necesaria la presencia “de cinco miembros que componen el Consejo” para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia del organismo tendrá la definición.
Para iniciar el proceso de acusación de un juez y enviarlo a un “jury de enjuiciamiento”, que requiere una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a “2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros”. Así, el quórum se redujo de siete a seis consejeros, de los que debe haber al menos un representante de los abogados, un legislador y un miembro del Poder Judicial. Con cinco votos, se podrá iniciar un juicio político.
Esto le facilitará al Pro la postulación de los jueces que desee y echar a los que no desee.
La Ley Nº 1.903 fue aprobada por 47 votos a favor, aportados por el Pro, el FpV y Unen, contra cuatro abstenciones. Se proponía “dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado”, pero en realidad se le quitó esa potestad al Consejo de la Magistratura para otorgárselo a los responsables del Ministerio Público, cuyo jefe, el exlegislador Pro Martín Ocampo, termina de asumir su cargo.
De todos modos, más allá de los avatares legislativos, el nuevo látigo que esgrime el Gobierno porteño comenzó a dar sus frutos. En la causa por el aumento del boleto del subte, la jueza Elena Liberatori le había ordenado al Gobierno porteño hace pocos días que le enviara el estudio técnico que justifique el incremento, pero en el ínterin no suspendió la suba, dejando de lado la dureza que solía utilizar en sus fallos anteriores.
El día en que esta publicación cerraba, la jueza, luego de rechazar los argumentos del Gobierno porteño, elevó el tema a la Cámara de Apelaciones, que decidirá sobre la cuestión, sin tampoco dictar una medida cautelar que suspenda el aumento. El diputado Alejandro Bodart (MST), que fue el amparista, fue contundente: “Parece que quiere quedar bien con Dios y con el Diablo”. ¿Otros tiempos?