La obra social del Poder Judicial (Ospjn) le adeuda a sus afiliados seis meses de reintegros por tratamientos por discapacidad de sus hijos menores. En promedio les deben más de un millón de pesos a cada afiliado con dicha problemática.
La Ospjn registra demoras de seis meses en la liquidación y el pago de facturas de apoyo por tratamientos oportunamente aprobados que cursan a los hijos con discapacidad de los afiliados. Ello en el marco de las coberturas dispuestas por la ley 22.431 que garantiza un sistema de protección integral de las personas con discapacidad con el objetivo de otorgarles atención médica, educación y seguridad social; la Ley 24.901, la cual establece un Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y la Resolución OSPJN 1126/2004, mediante la cual la Obra Social se ha obligado a adecuar su cobertura al régimen que establece la ley 24.901. Que por otra parte, dicha protección se ve reforzada en los casos que involucran a niños y niñas,en función de una serie de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) entre los que se destaca la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales obligan a los Estados a garantizar medidas especiales de protección en materia de salud y seguridad social. Asimismo, de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. los cuales obligan a los Estados a garantizar medidas especiales de protección en materia de salud y seguridad social.Asimismo, de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. los cuales obligan a los Estados a garantizar medidas especiales de protección en materia de salud y seguridad social. Asimismo, de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
Como no tienen conmutador nadie atiende el teléfono para recibir los distintos reclamos. Solo se puede reclamar vía mail y la única respuesta que dan es: “Recibido”.
Nadie sabe que sucede en una obra social multimillonaria que abarca tanto al poder judicial de la Nación como también al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.