La jueza Edith Irene Rota dio lugar al recurso de amparo solicitado por la intendenta Verónica Magario y frenó el tarifazo en La Matanza, es decir, retrotrae la facturación de los servicios de luz, gas y agua potable tanto para los hogares como para las empresas del municipio, los clubes de barrio, los centros de jubilados, la Universidad Nacional de La Matanza y demás asociaciones sociales y deportivas.
Rota entiende que el cuadro tarifario instrumentado por el Gobierno “son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados”.
Tras el acierto de Magario, otros intendentes del conurbano bonaerense planean replicar la presentación para hacerle frente al tarifazo del Gobierno nacional.
La jueza resolvió en primer lugar declararse incompetente para permitir que el caso se remita a la esfera del Justicia Federal, y al mismo tiempo “hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la Representante de este Municipio, ordenándose la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos”.
La orden judicial es también específica en cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora y establece que: se debe “ajustar las facturas que se hubieran emitido bajo los parámetros del tal normativa, a las tarifas previas a las citadas resoluciones, efectuándose nueva liquidación a tal fin”.
Además, la resolución advierte que “si la nueva facturación ordenada no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las citadas empresas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad a los incrementos establecidos (…), sin que ello pueda implicar, en modo alguno, la interrupción o alteración de los servicios”.
Y en el siguiente párrafo establece: “para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, sus importes deberán tenerse por pagados ‘a cuenta’, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total. La medida comprende también las boletas que éstas prestadoras emitan en lo sucesivo, que no deberán incluir el aumento previsto en las Resoluciones y Disposiciones señaladas, por el término de tres meses (180 días) a partir de la notificación de la presente”.
La Jefa Comunal de La matanza dijo que están “muy satisfechos con la resolución de la jueza porque se hace justicia con nuestro municipio. Todos los sectores sociales y productivos de La Matanza acompañaron esta solicitud que ahora se convierte en un amparo efectivo para evitar que se agrave aún más la crisis desatada por las medidas económicas que hicieron regresar el hambre a nuestros barrios más populares. Esta es una demostración de lo que puede avanzar y lo que se puede lograr con una Matanza unida parta defender sus derechos, a su gente, a la Universidad y a nuestras pymes que generan el 90% del empleo de nuestro municipio”, enfatizó Magario.
