La chaqueña venía con graves problemas con la Justicia. Sin embargo, desde Cambiemos y ahora desde Juntos para el Cambio la siguieron protegiendo. No se sabe que harán en el futuro luego del nuevo fallo judicial. Este jueves se conoció que la Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”.
La legisladora chaqueña por Juntos por el Cambio está acusada del presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”. Es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.
En la resolución difundida hoy, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que estaba “completamente viciada” la contratación realizada en 2016 por el municipio de Quitilipi a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en el marco del expediente.
Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió “desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble”.
Una vez que se conoció la noticia,Ayala sostuvo que se trata de “una causa armada”, y consideró que “no es serio que un fiscal proceda sin tener pruebas y que una jueza procese también sin pruebas”.
“Yo estoy a derecho y estaré siempre”, aseveró la diputada, quien sostuvo que, desde que ganó las elecciones legislativas en 2017, en Chaco, con las que se convirtió en diputada nacional, merced a “causas armadas”, destruyeron su “carrera política”, su “salud” y su “familia”.
“Me sacaron de la política, me proscribió la Unión Cívica Radical y Cambiemos. Terminaron con mi carrera política y con mi salud”, insistió en señalar Aída Ayala, quien tiene dos años más de mandato por delante como diputada.
La legisladora se defendió de los cargos que pesan en su contra en este expediente al subrayar que “los intendentes son autónomos” y al preguntar cómo ella, en calidad de secretaria de Asuntos Municipales, podía supuestamente digitar “las compras de los más de dos mil municipios” que tiene la Argentina.
En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó, en declaraciones formuladas hoy a la señal de cable C5N, que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Ayala había “bajado un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios”.
Además de la diputada nacional Aída Ayala, también fueron procesados -todos sin prisión preventiva- sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa.
Ayala dejó en diciembre de 2017 su cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación para asumir como diputada nacional por Chaco, función para la que había sido electa en las legislativas de ese año, cuando compitió por el radicalismo dentro del marco de Cambiemos.