El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y el jefe del bloque de diputados de esa fuerza, Juan Manuel López, realizaron el martes una presentación ante la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema para advertir sobre una posible “intromisión” del Ejecutivo en la tarea del Poder Judicial en el proceso electoral y pidieron que se “resguarde la transparencia de en las elecciones nacionales” que se celebrarán el próximo domingo.
En el texto al que tuvo acceso el diario Perfil, los referentes nacionales de la Coalición Cívica ponen en cuestionamiento a la aplicación Liza, diseñada para el monitoreo, fiscalización y relevamiento de información que utilizan los jueces federales con competencia electoral de las 24 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En dicho programa se sube toda la información de las autoridades de mesa y delegados judiciales, y la preocupación tiene que ver con que no solo tiene acceso el Poder Judicial y el Correo Argentino sino también la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
El fundamento de la presentación sostiene: “Consideramos que cualquier información que se sistematice sobre delegados electorales, autoridades de mesa o cualquier otra relevante debería ser de acceso irrestricto a las fuerzas políticas que compiten y no al Poder Ejecutivo Nacional que es comandado por el Frente de Todos”.
Además indican, “nos alerta sobre los riesgos de que esta información sea utilizada por el oficialismo que tendrá acceso privilegiado a ese información mucho antes del día de la elección”.
El escrito también explica: “Cómo resalta la carta democrática interamericana, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo es un elemento esencial de la democracia representativa”.
En la nota, según el diario Perfil, consideraron como “relevante denunciar dicha situación a fin de solicitarle que se garantice la independencia de los juzgados federales con competencia electoral de todos los distritos —que, reiteramos, son quienes cumplen un rol central en la organización de las elecciones— respecto de cualquier otro órgano judicial o administrativo que pueda entrometerse en sus funciones, vulnerando la transparencia de los procesos electorales”.