La Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) organización que nuclea a los Defensores de todo el país (federales y provinciales) manifestó su preocupación y categórica oposición a pretendidas posiciones publicas que han sostenido referentes, dirigentes y legisladores de la política nacional respecto de la necesidad de bajar tanto la edad de imputabilidad como de punibilidad de los menores en el país.
A través de un comunicado de prensa, expresaron: “Actualmente y por imperio de la normativa vigente en materia penal juvenil (ley 22278 -obsoleta y anacrónica-), la respuesta del poder punitivo hacia los jóvenes se sitúa en la franja etaria comprendida entre los 16 y los 18 años, en que se adquiere la mayoría de edad. El poder punitivo es la como última ratio y debe interferir lo menos posible en la vida social y sólo cuando probadamente han fracasado otras soluciones menos lesivas para los derechos de las personas. La pretensión de habilitar la procedencia de poder punitivo a edades más tempranas que la actual (16), tal como lo propone el Poder Ejecutivo Nacional, no solo contraria aquel principio general de última ratio del derecho penal, sino las disposiciones de la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Además, fundamentaron el rechazo aduciendo: “No desconocemos la urgente necesidad reformista del régimen vigente, como tampoco nuevas y complejas problemáticas que atraviesan el cuerpo social y afectan con mayor profundidad a los niños, niñas y adolescentes por su especial condición de vulnerabilidad y necesidad de mayor protección. Nos afecta, nos preocupa, nos movilizan graves y repudiables hechos de violencia que involucran o protagonizan jóvenes”.
Por último señalaron: “Precisamente la verificación de esa realidad nos conduce a rechazar categóricamente que la respuesta de los poderes públicos frente a los datos de la realidad que involucran a jóvenes tenga carácter penal o punitivo, pues configura sin lugar a dudas un contrasentido de dimensiones intolerables además de una franca vulneración de la normativa internacional, tanto en sus aspectos sustantivos como en su marco teórico, pues resulta regresiva e inconstitucional. El Estado argentino debe diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia, que efectivamente agoten toda la diversidad de otras respuestas, menos lesivas, más integradoras, haciendo lo imposible por garantizar derechos económicos, sociales y culturales: escolaridad, salud, alimentación, ambiente sano, vivienda, etc.. Invocar la respuesta penal como solución a la coyuntura actual socava los cimientos que se han ido consolidando para la construcción del Estado de Derecho”.