La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el martes último –en un discurso de 45 minutos emitido por cadena nacional– que la Argentina decidió implementar el “pago soberano local de la deuda externa argentina”, transfiriendo la sede de cobro de Nueva York a Buenos Aires y reemplazando al agente fiduciario, el Bank of New York Mellon (BONY), por la empresa controlada por el Banco Nación, Nación Fideicomisos.
Esa misma noche, el proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo Nacional fue enviado al Congreso de la Nación, que se dispondría a tratarlo la semana que viene.
La medida obedeció a la larga serie de decisiones judiciales que tomaron el juez neoyorquino Thomas Poole Griesa, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York y la Corte Suprema de los Estados Unidos, que convalidaron mediante sucesivos fallos la polémica interpretación de la cláusula “pari passu” (paso parejo) que efectuó el anciano magistrado. Mediante esta, Griesa le ordenó a la Argentina que les pague al 1,5 por ciento de los tenedores de bonos del Megacanje el total de la deuda, sin la quita que aceptaron los otros tenedores, que sumaron el 92,4 por ciento.
Incluso, el magistrado le ordenó al BONY que obviara los pagos a los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, en una medida jurídica que desató la polémica, ya que estos excedían a su jurisdicción porque se anotaban en el marco de los compromisos de un país soberano con sus acreedores y no a los de una empresa o una institución privada de cualquier índole.
El mismo día en que esta publicación estaba a punto de entrar en imprenta, el ministro de Economía, Axel Kicillof, acotaba: “Vamos a preservar la reestructuración de deuda, porque no se puede permitir que el 1 por ciento más especulativo del sector financiero internacional ataque a la Argentina mediáticamente, financieramente y en la Justicia y ponga en jaque esto que tan trabajosamente hemos hecho, que es normalizar el desastre que dejó 2001”.
Luego, el ministro explicó: “No llamamos a los bonistas a venir a la Argentina, no vamos a tener una afluencia de turistas bonistas que vienen a cobrar”, aunque anunció: “Vamos a seguir pagando, porque la buena economía señala que si tenemos una reserva de 29.000 millones de dólares no hay default, por más que se ponga el mejor arquero del mundo a atajar todas las pelotas para que no lleguen a destino”.
Los que no
Uno de los primeros líderes opositores que cuestionó la medida que tomó la Presidenta fue Mauricio Macri, que, imbuido aún por el sueño futbolero del Mundial de Brasil, afirmó: “Es como si nosotros ahora dijéramos que la final del Mundial no vale porque el arquero de Alemania hizo un penal y entonces los invitamos a jugar otro partido en la Argentina y ponemos a Oyarbide como juez”.
El Jefe de Gobierno porteño aseveró que la propuesta del Gobierno nacional no recrea “la confianza” y la “previsibilidad” que “necesita YPF para desarrollar Vaca Muerta”.
Pero no solo desde el Pro llegaron los cuestionamientos. El diputado y economista del FAU Alfonso Prat-Gay señaló que la medida es “un gesto para no resolver el problema. La cuestión de fondo nunca la encara este gobierno, y en algún momento algún gobierno la va a tener que encarar. No se puede vivir toda la vida al margen de la ley, sobre todo si es la jurisdicción que la Argentina eligió para dirimir su problema”, afirmó.
Quizá sin quererlo, Prat-Gay desnudó el dilema que enfrentará la oposición la semana próxima. “En su frustración, Cristina quiere demostrar que está haciendo algo, pero en realidad le traslada a la oposición esta falsa antinomia de patria o buitres. Si no estás a favor de esta ley, estás a favor de los buitres”, sostuvo el actual diputado por la fuerza que lidera Elisa Carrió.
Finalmente, el expresidente del Banco Central fijó claramente la propuesta que llevará al recinto de sesiones. “El problema acá no son los buitres”, aseguró, dejando claro que no acompañará la medida del Gobierno nacional.
De todos modos, en el FAU no abunda la cohesión interna. Mientras que Margarita Stolbizer y Oscar Aguad anticiparon su negativa a votar el proyecto presidencial, Humberto Tumini y Fernando Solanas le darían su aprobación. Los radicales, que mañana se reúnen en Córdoba tampoco votarían favorablemente la iniciativa.
Indefinidos
Por su parte, Sergio Massa, quien encabeza el Frente Renovador, todavía no había definido, al cierre de esta edición, una posición respecto al proyecto que impulsó la Presidenta y dijo que debía analizar la cuestión. “Entendemos la seriedad del tema y el impacto para el futuro de la Argentina y queremos hacer un análisis serio y agudo, tema por tema, de la economía real”, explicó Massa.
El candidato presidencial les solicitó a los economistas del FR que evaluaran “área por área” el eventual impacto del cambio de jurisdicción que propone el Ejecutivo nacional para avanzar con el pago a los tenedores de deuda.
No todo el mundo es ancho y ajeno
Extrañamente, una de las voces más firmes que se alzaron en defensa a la propuesta gubernamental fue la de Tulio Zembo, el abogado de los bonistas italianos, que planteó que “era inevitable llegar al momento en que se tomara esta decisión”, ya que “no se podía pensar en otra solución que esta”, teniendo en cuenta que “la imposibilidad era evidente”, ante las medidas que tomó el juez Griesa.
El asesor destacó que “contra la disponibilidad argentina de pagar, había un bloqueo en el Banco de Nueva York por parte del juez Griesa”, frente al cual, expresó, “había que tomar una decisión”.
Zembo dijo luego en declaraciones a una radio porteña que “probablemente esta sea la decisión más correcta”, satisfecho de que el anuncio de la Presidenta “era lo que se esperaba; la voluntad de pagar de la Argentina está y puede ser la solución de todos los problemas”.
Luego, el abogado planteó que “lo importante es que la voluntad del deudor sea pagar y que después llegue la plata”. “A los bonistas les diría que cobren, lo que a mí me importa es que la plata llegue a los bolsillos de los bonistas”, sostuvo, y afirmó que “la solución sería aceptar para cerrar de una vez y garantizar el pago”.
Finalmente, consciente de las miles de operaciones que se desarrollarán a favor y en contra del proyecto, Zembo llegó a la conclusión de que “ahora hay un trabajo: convencer a todos los bonistas de que es necesario cambiar para seguir cobrando en tiempo y forma como fue siempre hasta ahora”.
Finalmente, Zembo, que representa a 450 mil bonistas italianos que entraron en el canje, calificó como “una locura que haya economistas que estén de acuerdo con el fallo de Griesa”.
En equilibrio inestable
La posición más difícil de sostener es la del diputado nacional por el Pro Federico Sturzenegger, que habló poco, aunque le alcanzó para decir que la medida que tomó el Ejecutivo “va a ser muy perjudicial para los argentinos”, porque “el anuncio a lo que apunta es a un cambio de jurisdicción”.
El economista fue antes presidente del Banco Ciudad, pero aún antes fue el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación cuando Domingo Felipe Cavallo era ministro. En esa condición intervino en la fracasada operación de canje de deuda que pomposamente fue denominada Megacanje, de triste memoria para los argentinos.
Sturzenegger vaticinó que el cambio en el domicilio de pago “no es algo que va a resolver el problema de los argentinos” y que “se viene un año muy duro, complicado, en lo monetario”, un discurso que se escuchó mucho en los 90 y que casi nadie repite por estos días, habida cuenta de su desprestigio.
El opositor más serio
Se puede coincidir o no con la posición política de Rogelio Frigerio, actual presidente del Banco Ciudad, pero es innegable que fundamenta sus posiciones con mucha enjundia.
Frigerio consideró que la medida “significa una decisión equivocada”. “El principal problema de la economía hoy por hoy es la falta de confianza, y esta medida, junto a otras, son propuestas que van en contra de generar confianza y permitir la mayor inversión y generación de empleo. No compartimos esta forma de gestionar, hay que solucionarle los problemas a la gente y no creemos que este sea el camino correcto”, afirmó.
A la vez, el exlegislador del Pro se mostró pesimista ante la posibilidad de que los bonistas acepten cobrar en el país. “Es difícil, por el tema de la confianza. Acá hay un Gobierno que firmó acuerdos y convenios y aceptó que los problemas se resolvían en Nueva York. Hoy, cuando la sentencia no nos es favorable, decidimos cambiar de jurisdicción y descartar la Justicia a la que nosotros aceptamos ir en caso de conflicto”, desconfió.
Finalmente, el economista anticipó que su partido, el Pro, considera que la jugada del Gobierno nacional fue “una mala decisión, una decisión que no va a favor de resolverle los problemas a la gente”. “Todos tenemos que alertar que esta no es la forma de encarar los problemas, no se genera confianza desacatando a lo que plantea la Justicia. Vamos a votar en contra”, anunció.
