El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue de cerca la redacción final y cómo terminará sancionándose la llamada Ley Ómnibus. De lo que salga de ese texto, se hará una evaluación para determinar si es necesario y posible recurrir a la Corte Suprema como subestado y pedir la inconstitucionalidad.
Son varios los puntos que el gobierno bonaerense pone bajo la lupa de la norma que se debate entre este miércoles y jueves en la Cámara de Diputados de la Nación. Las facultades delegadas son una de ellos.
Si bien una incursión judicial es potestad de la Fiscalía de Estado, una de las personas que está detrás del análisis que hará la Provincia con una eventual avanzada en el máximo tribunal es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Se trata de un funcionario que inició su gestión con un bajo perfil, pero siempre integró el círculo cercano al gobernador. Trabaja con el mandatario desde antes de su llegada al gobierno bonaerense.
Además de las facultades delegadas, otro de los puntos que acaparan la atención del gobierno bonaerense es la propuesta de privatización de las empresas del Estado, muchas de las cuales tienen su desarrollo en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
El nudo allí es cómo se podrían ver afectados los intereses bonaerenses con la decisión de vender los activos. Solo para citar un ejemplo: Aguas y Saneamientos Sociedad Anónima (AySA), con cobertura en todo el conurbano bonaerense.
“La mira está puesta en el debate parlamentario que están llevando adelante los diputados de nuestro espacio político, discutiendo la ley ómnibus y el DNU. Una vez que la ley sea aprobada y promulgada vamos a evaluarla y analizar el camino que vamos a llevar adelante”, aseguró Pérez Teruel.
El funcionario detalló que “no descartamos iniciar una acción judicial. Para eso tenemos que ver qué proyecto se aprobó. Vemos con mucha preocupación que se insista con la privatización empresas públicas que tienen un asiento en la Provincia. Son empresas que generar soberanía”.
“Las facultades delegadas son un riesgo para la institucionalidad del país. Una delegación tan amplia y que pareciera estar infundada y no guarda relación con las necesidades que tiene de reglamentación y de emisión de normas de carácter federal que tiene nuestro país. La urgencia y la necesidad no pueden ser la visión ideológica que tenga el Poder Ejecutivo”, remarcó el Asesor General de Gobierno.
La preocupación de la administración de Kicillof son los fondos que la Nación le debe y -según sostuvo Pérez Teruel- “la enorme cantidad de obligaciones que tenemos para tratar de paliar el desorden macroeconómico que está llevando adelante el gobierno nacional”.
En los últimos días, Kicillof mantuvo distintas reuniones con sectores productivos y políticos que rechazan tanto la Ley Ómnibus como el DNU 70/23 que desregula la economía. El lunes se reunió con Cámaras y Agrupaciones empresarias. “Ustedes, como representantes del sector, son quienes pueden explicar con más legitimidad que cualquiera de qué se tratan los industricidios y quiénes los sufren. Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por estas políticas”, planteó el mandatario bonaerense en ese encuentro.
También detalló que “lo que estamos viendo no es otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo, convencional y clásico, como se hizo, en mayor o menor medida, en otras experiencias históricas”.
En lo que respecta a su rol político, el mandatario bonaerense fue de los gobernadores peronistas que se puso a la cabeza del rechazo a las iniciativas de Casa Rosada desde el día cero. Los cruces fueron creciendo con el correr de las semanas. La presencia de Kicillof en la marcha que organizó la CGT terminó de cerrar un círculo de confrontación que nunca bajó su intensidad.