Con el objetivo de combatir los casos de violencia doméstica y apoyar a las víctimas de estos hechos delictivos, en la Ciudad de Buenos Aires se pondrá en práctica un esquema de trabajo coordinado desde tres áreas diferentes: la justicia, la seguridad y la asistencia social. Este novedoso sistema se pondrá en marcha por medio de un acuerdo entre la Fiscalía General, representada por su titular Germán Garavano, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad encabezado por Guillermo Montenegro y el Ministerio de Desarrollo Social conducido por Carolina Stanley.
La firma del convenio se celebrará este martes 12 de marzoa. Con la suscripción entrarán en vigencia de dos nuevos protocolos de intervención para casos de violencia doméstica mediante los cuales se articularan recursos judiciales, de seguridad y asistenciales destinados al abordaje integral y la protección de la víctima de estos casos de violencia.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, mientras que el Protocolo de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia Doméstica establece un circuito para la intervención y el acompañamiento en casos en los que predomina la vulnerabilidad producto del conflicto denunciado; el Protocolo de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica define el procedimiento a seguir para la implementación, otorgamiento y seguimiento de control de los llamados “botones de pánico” (dispositivos del tamaño de un teléfono celular, que en casos de urgencia sirven para enviar aviso a las fuerzas de seguridad).
“El Protocolo de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia tiene por objetivo evitar la llamada “revictimización secundaria”. Es decir, a través de una sinergia interinstitucional se intenta evitar que se reproduzca el padecimiento de las víctimas en los distintos organismos a los cuales son derivadas para brindarle orientación, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico y protección. Este Protocolo establece que, una vez que toma intervención la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal, un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales evalúa la situación y diseña una estrategia adecuada de interacción con la Dirección General de la Mujer (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) y la Policía Metropolitana (dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia)”, explica el comunicado de la Fiscalía General porteña.
En caso de que las circunstancias y particularidades del caso requieran el resguardo de la víctima, la Oficina de Asistencia a la Víctima coordinará la derivación a un refugio con la Dirección General de la Mujer (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social). Por su parte, los profesionales de la Dirección General de la Mujer dispondrán las derivaciones que correspondan a los diferentes dispositivos del Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual. En cuanto al Ministerio de Justicia y Seguridad, su aporte en el circuito se plasma mediante el apoyo logístico de la Policía Metropolitana, quienes tendrá a su cargo el traslado de las víctimas.
Por su parte, el Protocolo de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica regula la aplicación, funcionamiento y seguimiento de la medida de seguridad denominada “botón de pánico”. Una vez que los profesionales de la Oficina de Asistencia a la Víctima relevan indicadores de alto riesgo en el marco de un caso de violencia doméstica, el Fiscal interviniente puede gestionar ante la Policía Metropolitana la asignación de un “botón de pánico”.
El dispositivo, que se entregará por un plazo inicial de 60 días, sirve a las víctimas para disparar una alarma a la Policía Metropolitana, en caso de estar en una situación de riesgo para su seguridad y la de su entorno.
En este caso, la Dirección General de la Mujer hará un seguimiento semanal del caso, ofreciendo asistencia a las víctimas que se les haya otorgado como medida de protección un botón de pánico.
De esta manera, por primera vez una jurisdicción articula recursos judiciales, de seguridad y asistenciales para garantizar no sólo la seguridad de la víctima de violencia doméstica, sino también para acompañarla integralmente a lo largo de todo el proceso, conteniéndola psicológicamente de los desgastes que surgen como consecuencia directa de la denuncia del conflicto.
La firma del acuerdo se realizará este martes a las 10:30, en la sede del Ministerio Público Fiscal, ubicada en Paseo Colón, 1333.
