A través de varias resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que preside Federico Bernal, convalidó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas que las empresas deberán aplicar a partir del 1º de junio, pero incluyó fuertes cuestionamientos y advertencias sobre cómo se llevó a cabo el proceso, lo que podría generar demandas judiciales sobre su validez.
En el texto de las resoluciones, el interventor del organismo anticipó que convocará a una nueva audiencia donde se analicen los puntos que no fueron tomados en cuenta en la audiencia pública del 10 de mayo pasado, donde se determinó un nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
La resolución expone las internas del Gobierno en temas energéticos, donde funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vienen manifestando sus diferencias con la decisión y los porcentajes de suba de tarifas que fueron diseñados desde el ministerio de Economía.
En la resolución, firmada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, el ente regulador convalida los nuevos cuadros pero deja en claro que no está de acuerdo, ya que no se cumplieron con todos los pasos normativos que se deben llevar adelante.
“Es una decisión de alto voltaje político. Bernal está abriendo el paraguas, se cubre frente a una posible judicialización sobre los nuevos cuadros tarifarios y llama a una nueva audiencia. Es claro que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a que se realice una nueva audiencia”, dijo en reserva una fuente del sector.
Y agregó: “Si alguna asociación de consumidores está pensando impugnar los nuevos cuadros, la Resolución del Enargas le está dejando los argumentos en bandeja. Enargas dice que firma los cuadros pero que está en contra y que lo hace por un pedido de urgencia del Poder Ejecutivo. Muy confuso y desprolijo todo”.
▶ ¿Qué dicen las resoluciones del Enargas firmada por Bernal?
“El proceso de traslado del precio del gas a la tarifa final comprende, entre otras cuestiones, el análisis de los contratos respectivos y el tratamiento de las diferencias diarias acumuladas; y que, en ese sentido, a la fecha de emisión de la presente, no se cuenta con todos los recaudos normados para llevar adelante los procedimientos antes indicados por la normativa previamente citada, lo que deberá efectuarse dada las expresas ordenes de la Secretaría de Energía y los compromisos asumidos por el Estado Nacional”.
Bernal se refiere a que en las audiencias solo se habló del precio del gas que se traslada a la tarifa, pero no del impacto en las empresas distribuidoras (el llamado pass through) y lo atribuyó a la urgencia del Gobierno por cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El análisis del precio del gas que debe trasladarse a la tarifa (en este caso se trata de la porción que abona el usuario o usuaria), es un elemento esencial del proceso de determinación de esta última, y de la elaboración del juicio de razonabilidad tarifaria”, asegura el texto del Enargas publicado en el Boletín Oficial.
“Corresponderá oportunamente a este organismo efectuar todos los análisis y pasos procedimentales que permitan a la ciudadanía conocer, en efecto, el impacto en los cuadros tarifarios de la adecuación establecida; es decir aquello que habrán de abonar, así como lo que corresponda respecto del tratamiento en materia de diferencias diarias acumuladas, todo lo cual no aparece como viable en esta oportunidad en razón de la inmediatez requerida por la Secretaría de Energía”, continúa.
Durante las audiencias, las empresas distribuidoras de gas habían detallado que cada punto porcentual de aumento del precio del gas en el PIST equivale a $86 millones de pérdida para las compañías, ya que impacta en costos no reconocidos en el pass thorugh.
En diálogo con Infobae, la diputada mendocina por la UCR Jimena Latorre, que participó de las audiencias públicas, manifestó: “Bernal se deslinda de la responsabilidad y reconoce explícitamente que hubo un acto administrativo que se firmó por compromisos del Poder Ejecutivo. Se refiere al acuerdo con el Fondo Monetario, aprobado por el Congreso, aunque finalmente los anexos no se incluyeron en la votación. Dice ‘yo tengo que adecuar los cuadros, pero no corresponde’”.
Y agregó: “Cualquier usuario puede impugnar estos aumentos. El precio del gas es uno de los componentes pero falta el impacto en las estructuras de costos del tramo de transporte y distribución. Bernal reconoce que se salteó un paso. A confesión de parte, relevo de prueba. El mismo que dicta el acto dice que el acto es nulo, es un mensaje político muy fuerte y le pasa la responsabilidad al Gobierno que acordó con el Fondo. Hay que ver ahora que volumen toma y hasta dónde escala”.
Los nuevos cuadros vigentes a partir de este miércoles no incluyen aumentos para los usuarios de gas con tarifa social. Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.
Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio es de entre 18,5% y 25%, de acuerdo a las distintas zonas del país.