Y dicen que son nacionales y populares. Desde el oficialismo afirman que quieren democratizar la Justicia, pero justamente la democracia tiene que ver con la cosa pública. Y esta se trata debatiendo. La cosa pública es de todos, no sólo de un 54%.
A las corridas, en sólo dos horas el oficialismo aprobó el tratamiento en Comisión de un asunto en el que no se debatió nada y sin la debida participación de oposición política. Otra vez más fue un monólogo, esta vez proveniente de los Salieris de Cristina, quizás en este caso, robándole melodías a ella.
El Gobierno nacional ha pretendido y pretende sistemáticamente desconocer la base constitucional republicana. Esto implica sin más, soslayar y desafiar públicamente los mandatos y límites constitucionales y, sin mayores rodeos, reformar de facto la Constitución Nacional.
De los artículos 1y 5 de la Constitución Nacional surgen justamente los principios republicanos básicos que consagran el sistema democrático argentino: la soberanía popular que implica la elección de los funcionarios públicos; la Igualdad, para elegir a nuestros representantes; la responsabilidad de los funcionarios públicos, política, administrativa, penal y civil por los actos que ejercen durante su función; la publicidad de los actos de gobierno, en los que la opinión pública pueda conocer el contenido para ejercer un real control; y la periodicidad de funciones, donde los funcionarios duran en sus cargos un determinado tiempo.
La Justicia no debe ser democrática. Debe ser Justicia simplemente. Pues es la facultad de los jueces de decir el derecho. Los magistrados como excepción son inamovibles mientras dure su buena conducta, lo cual preserva así la independencia y la división de Poderes, evitando cualquier abuso de poder.
En contra de sus propios actos pretenden una vez más reformar el Consejo de la Magistratura, porque se “dieron” cuenta que los consejeros del Consejo “son pocos” aún cuando el número de los mismos había sido reducido por la voluntad avasalladora de los Kirchner en 2009. En su momento dijeron estar convencidos del cambio. Pero hoy, la realidad cambió y, como decía el General, “la única verdad es la realidad”, y al Gobierno esos “pocos” ya no le alcanzan.
Con esto, terminarán por sepultar el que debiera ser un normal juego de frenos y contrapesos, en el marco de un sistema de equilibrio y control que la división de poderes consagra, otorgando legitimidad y la legalidad a las instituciones republicanas.
Por otra parte, limitando las cautelares en contra del estado, los principales perjudicados serán los jubilados en materia de previsión y seguridad social. Si hasta ahora nuestros mayores, en innumerables casos se han ido muriendo esperando una respuesta del Estado nacional a sus reclamos legítimos, con esta reforma quedarán sin más condenados al desamparo.
Si a esta situación de desprotección legal, le añadimos nuevas instancias judiciales, más parecidas a comisiones especiales, prohibidas por la propia Constitución, que al Juez Natural, que analizarán circunstancias que pueda ser contrarias a los intereses del estado, sin duda, como en la película, la República estará perdida.
Solapadamente, en el marco de los proyectos que se envían para que un grupo oficialista en el Congreso los apruebe, y con el fin de darle a esta operación un marco de seriedad y legalidad institucional, incorporan en la agenda, el acceso a la información pública. Paradójicamente, este mismo gobierno que a través de un organismo que debiera encargarse de controlar en forma interna, la SIGEN, le niega información a otro organismo de control, la AGN, sin descaro.
Es más, aún se encuentra vacante la Fiscalía Nacional de investigaciones administrativas por renuncia del D. Manuel Garrido y no tiene el Gobierno ningún apuro por cubrir la vacancia, pero claro ¡se trata de organismos de control! Pareciera que a este Gobierno el control y la transparencia no son un valor democrático.
Entonces, las preguntas vienen solas: ¿Por qué ahora surge esta ola reformista y de preocupación aparente por la calidad institucional? Llevan casi 10 diez años en el poder. Si quieren democratizar la justicia, ¿por qué nunca se les ocurrió establecer el juicio por jurados del que habla la Constitución en su artículo 24?
En fin, una vez más, no hay titubeo para ir por todo. Mientras tanto, se atropellan las instituciones, se despedaza la república, se arrincona “el bien común”, se “inundan” las esperanzas de una democracia fuerte. Permitámonos esperanzarnos en que todas estas maniobras del oficialismo no sean más que los últimos manotazos de un proceso que tiene fecha de vencimiento 2015.
Trabajemos para que el 2013 los representantes que elijamos nos garanticen cumplir con la Constitución y no querer reformarla.
