Organizaciones sociales, asambleas, académicos, referentes y partidos políticos, que habitan y trabajan en la Cuenca Matanza – Riachuelo, lanzaron un manifiesto donde piden la transformación del lugar. Solicitaron obras de infraestructura, prioridad en la emergencia sanitaria y social, entre otros.
En primer lugar, se “cuestionó la falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En ese punto, se destacó: “La responsabilizamos por el incumplimiento de su propio fallo y, por ende, de las consecuencias negativas que eso genera en los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo”.
En segundo lugar, manifestaron: “Rechazamos la decisión de la Corte Suprema al limitar la representación de todos los que vivimos en la Cuenca en manos de un ‘Cuerpo Colegiado liderado por el Defensor del Pueblo, que carece de titular hace años sin que la Corte haya hecho nada al respecto. Esta representación luego de 8 años ha demostrado su absoluta ineficacia y nos encontramos actualmente apartados de las decisiones que nos afectan y fuera de un proceso de recomposición ambiental que debería ser nuestro. Nos sentimos castigados por un ostracismo democrático, desterrados de un ámbito de participación que por derecho nos corresponde.’”
Asimismo, en un tercer tema sostuvieron: “No reconocemos la representatividad de las ONGs que integran el ‘Cuerpo Colegiado’ y denunciamos que tampoco han cumplido con sus funciones. Muchas de ellas no tienen trabajo territorial en la cuenca ni contacto fluido y constante con sus habitantes”.
Quienes firmaron, también reprobaron el desempeño de la Acumar, el organismo presidido por la posible candidata del Pro, Gladys González, en la tarea de saneamiento y limpieza del Riachuelo. Sobre la entidad, también reclamaron que “debe transparentarse su funcionamiento”. Destacaron que “deben rediscutirse en su integralidad los mecanismos de participación de la ciudadanía”.
También reiteraron la necesidad de “enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa, hoy negadas en todos los aspectos”. De manera que deben definirse las prioridades para atender la situación de emergencia que afecta a la región.
Por otra parte, también se hizo hincapié en el ordenamiento ambiental y territorial de la Cuenca, indicando que debe realizarse inmediatamente de forma participativa e integral”. ”Las jurisdicciones avanzaron con decisiones sustanciales de la cuenca como la suspensión de la navegabilidad del Riachuelo o la creación de distritos y paraísos fiscales para permitir la sobreconstrucción y la destrucción de las identidades barriales”, reclamaron.
En consecuencia, también se hizo referencia a la emergencia social; la navegabilidad en el Riachuelo; la realización inmediata de obras de infraestructura; el compromiso en la atención primaria de la salud en la Cuenca; tomar como una de las prioridades a la emergencia sanitaria; la mantención de identidades patrimoniales, urbanas y culturales; y por último, que todos los recursos y la actividad estatal deben estar avocados a terminar con esta emergencia sanitaria y de salud en la que viven los habitantes de la cuenca.