Roberto Andrés Gallardo y Elena Liberatori son dos de los jueces porteños más conocidos. Fundadores del fuero Contencioso Admiministrativo y Tributario de la Ciudad, y compañeros a principios del siglo XXI del grupo “Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia” (la cual tenía entre sus posturas que los derechos sociales que establece la Constitución son exigibles al Estado en sede judicial), estos dos magistrados caminaron en la misma senda por más de una década. Aliados en materia jurídica, compañeros a la hora de necesitar subrogancias, y cómplices a la hora de enfrentar decisiones del poder político de turno, hoy, estos dos magistrados se encuentran trenzados en una guerra que tiene como botín a las causas villeras.
Días atrás la jueza Elena Liberatori envió al presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, una nota para informar la tensa situación que estaba enfrentando debido a la presentación de numerosas actuaciones remitidas por Roberto Gallardo con el objetivo de recuperar el manejo de varias causas que tramitan en la Secretaría Villera y que, por decisión del Consejo, quedaron a cargo de la titular del juzgado Nº 4.
La intención de Gallardo estaría enfocada a que, de la mano del principio del juez natural, recupere el control de los expedientes que dieron origen a la secretaría villera, entre ellos, una causa iniciada por el ex legislador porteño Facundo Di Filippo para que se de pleno cumplimiento a la ley 148 sobre “Atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios”. Volver a tomar el control de este expediente implica que por conexidad, Gallardo recuperaría la mayoría de las causas, vaciando la secretaría villera.
El enfrentamiento entre estos dos jueces por las causas villeras se originó tiempo atrás cuando Gallardo resolvió volver a su juzgado y dejar la tarea de Defensor Adjunto. La intención del juez era regresar a su cargo en el tribunal y recuperar el control de la secretaría villera (la cual había creado él mismo concentrando todas las causas vinculadas con los asentamientos precarios de la Ciudad). Sin embargo, como bien dice el refrán “el que se fue a Sevilla, perdió su silla”, y Gallardo, al volver al juzgado se encontró con que Liberatori, quien se había hecho cargo de la Secretaría Villera (originariamente a pedido de Gallardo con la intención de “cuidarle el rancho” al “amigo” mientras este no estaba), se encontraba cómoda trabajando con esos temas y contaba con el apoyo del Consejo de la Magistratura para seguir a cargo de esos expedientes.
Sin apoyo en el Consejo de la Magistratura, y enfrentado incluso con sectores K, Gallardo buscará desde lo jurídico lo que perdió por razones políticas. Y con este objetivo, el magistrado encontró en Di Filippo su mejor aliado ya que el dirigente del Partido Social será en octubre candidato a legislador por el frente armado por la izquierda y encontraría mucha utilidad en reactivar en plena campaña su causa por el incumplimiento a la ley de villas.
Vía oficio judicial fechado el pasado 24 de junio, Gallardo solicitó a Liberatori “la remisión de los autos caratulados ‘Di Filippo Facundo Martín contra GCBA sobre amparo’, expediente 31699/0, que tramitan ante la Secretaría Ad-Hoc, transitoriamente a su cargo, a fin de que se inhiba de seguir entendiendo en los autos referidos y los remita a este Tribunal a efectos de continuar con su trámite”.
El pedido del juez se fundó en un escrito presentado también a fines de junio por Di Filippo en el que plantea “la inhibitoria de competencia” de la jueza Liberatori, denuncia “la existencia de gravedad institucional”, y solicita que Gallardo “se declare competente” . En el pedido, Di Filippo no sólo remarca el principio de juez natural de la causa por él iniciada por él hace años, también destaca que “el único juzgado que asumió el riesgo y el costo de afrontar y resolver los enfrentamientos y dificultades” que plantea el conflicto por la democratización y urbanización de las villas “fue el tribunal a cargo del Dr. Gallardo”.
“Por decisión inconstitucional del Consejo de la Magistratura y de la Dra. Liberatori se sustrajeron un centenar de causas judiciales de un juzgado a otro, incluida ésta. Dicha sustracción se realizó sin fundamento normativo alguno y en violación a la garantía del Juez Natural. La situación es de una gravedad institucional extrema jamás vista. Constituye la apropiación de causas judiciales radicadas en un juzgado por otro, sin razón alguna, cuando la competencia se encontraba consentida y firme”, subraya Di Filippo.
Al menos tres pedidos de inhibitoria y de declaración de competencia fueron presentados ante el juzgado de Gallardo. En todos los casos el titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió hacer lugar al pedido de inhibitoria y se declaró competente para entender en las causas. También invitó a Liberatori, “en caso de que discrepe con el criterio, a someter la controversia ante la Cámara del fuero”.
La Cámara Contenciosa tiene en sus manos el conflicto. Por ahora, el Consejo mira la batalla desde afuera.
Poder, Política y Pesos
El manejo de las causas villeras no sólo genera interés por el poder que las mismas otorgan a quienes las tengan en sus manos (relación con la iglesia a través de los Curas Villeros, vínculo con dirigentes sociales, impacto mediático, y efectos políticos y administrativos sobre decisiones de gobierno, por ejemplo).
En tiempos electorales, tener el control sobre planteos judiciales vinculados con las villas puede ser de suma utilidad. Los opositores al Gobierno de la Ciudad saben el valor de estas causas en época de campaña, y con esta visión, quedan expuestas las diferencias y pujas entre los opositores tanto del gobierno porteño como del nacional, y de los sectores aliados al kirchnerismo.
Pero un punto mucho más mundano también entra en juego en esta disputa entre los dos jueces: el manejo de la secretaría especial para temas de villas representa un trabajo extra al del juzgado a cargo con su correspondiente ingreso monetario adicional.
En marzo del año pasado, Gallardo recibió por parte del Consejo un pago de unos 100 mil pesos a modo de reconocimiento económico y retroactivo por su labor al frente de la secretaría especial para villas. Al quedar a cargo de Liberatori la secretaría villera, los ingresos extras también quedan en sus manos.
