“No se pueden escribir historias sobre los ricos, porque no tienen instintos”, manifestó el poeta y dramaturgo estadounidense Thomas Stearns Eliot con una prosa que se asemeja a una sentencia inapelable. Y la nueva iniciativa del Ministerio Público Fiscal de la Nación parece seguir a pie juntillas esa lógica de poner al más vulnerable en el centro de la escena. Bajo la premisa de que la Justicia sea accesible para los más pobres se creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, cuyo director es el exdefensor público juvenil de La Plata, Julián Axat (ver recuadro). La idea es que el programa cuente con oficinas en todas las villas de la Ciudad para que de esa manera se puedan solucionar de una manera más rápida y accesible los problemas de los habitantes de los barrios carenciados. Pero el plan es más ambicioso, ya que el propio Axat le manifestó a Noticias Urbanas que la idea es tener presencia, con el tiempo, en las villas más populosas del país.
El nuevo equipo que dirige Axat está conformado por jóvenes funcionarios judiciales que basan su accionar en el libro que se redactó en marzo de 2008, luego de las jornadas sobre Justicia realizadas en Brasil, cuyo título es Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Allí se expone como beneficiarios a la gente en “situación de vulnerabilidad”, entre quienes se encuentran las personas con discapacidad, los menores de edad, los que pertenecen a las comunidades indígenas, las víctimas de maltrato, las mujeres golpeadas, los migrantes internos y los inmigrantes extranjeros, las minorías, los privados de la libertad y los pobres. Este texto, guía del nuevo programa, establece como objetivo “garantizar las condiciones de acceso efectivo a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial”. Con base en eso se recomienda “la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Además, los servidores y operadores del sistema de Justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la Justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas”.
Desde el Gobierno nacional se gestó la idea de un cambio en la conducta de los funcionarios judiciales que no solo tiene que ver con el trabajo específico que realizan sino con una idea política que los vincula mucho más cerca de los más necesitados. “Acá se juntan dos vertientes muy importantes. Por un lado, la judicial, que busca tener una mayor presencia y una mejor llegada en las villas de la Ciudad, para que los habitantes de esos barrios no los vean con desconfianza o como enemigos sino todo lo contrario. Y, por otro lado, se intenta tener una presencia política para poder influir en sectores populosos de la Capital Federal, territorio que le es bastante reacio al kirchnerismo. Con una mejor presencia de los funcionarios judiciales la imagen del oficialismo también mejorará y esto se podrá reflejar en las elecciones de las asambleas villeras y, más concretamente, en la conducción política de las villas. Ya que es innegable que si la Justicia se acerca a los más vulnerables, lo que se está haciendo, en definitiva, es un trabajo político y ese pasa a ser el punto más importante de la cuestión”, le señaló a Noticias Urbanas un integrante de una asociación civil que realiza trabajos comunitarios en las villas de la Ciudad.
De esta manera, la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó eligió un nuevo perfil de fiscales para actuar en los territorios de mayor conflictividad y pobreza, dando un vuelco de 180 grados a la política tradicional, para transformarlos en funcionarios de prevención y promoción de derechos, en lugar de meros acusadores o denunciantes públicos. Por eso, la idea de instalar oficinas fijas, denominadas Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, en las villas de la Ciudad. Ya tienen presencia en la 31, en la 31 Bis, la 1-11-14 y en la Zabaleta. Una de sus funciones clave es que los fiscales se mezclen con el entorno en el que deban actuar. De esa forma, los vecinos no los verán como intrusos sino como servidores públicos en los que se puede confiar y, además, percibirán que están al servicio de los más necesitados.
Los objetivos enmarcados en la tarea social de los funcionarios de Justicia en las villas abren un interrogante nada menor que se centra en delitos más complejos que sufren esos asentamientos, como son el narcotráfico y la delincuencia que origina ese mismo negocio. Al respecto, los integrantes del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia señalaron que ellos no actuarán en delitos federales, aunque aclaran que recibirán todo tipo de denuncias, que luego las derivarán a la competencia que corresponda. Por eso, mantendrán un trabajo en conjunto con jueces, defensores públicos, procuradores y demás funcionarios de la administración de Justicia. Así como también mantendrán una estrecha relación con los colegios de abogados, los defensores del Pueblo y las diferentes fuerzas policiales con jurisdicción en las villas.
La pregunta lógica que aparece luego de esta explicación es cómo será la relación de estos fiscales con los organismos del Gobierno de la Ciudad, que encabeza Mauricio Macri, ya que desde el Pro muchos ven este desembarco en las villas como una especie de invasión K al territorio porteño. “En principio, por lo que dicen públicamente, desde el Gobierno nacional habrá una cooperación entre los funcionarios nacionales y porteños, aunque eso es algo que siempre se dice pero que, en los hechos, en muchas ocasiones dista mucho de concretarse. Es evidente, y esto no debe sorprender a nadie, que desde el macrismo se mire de reojo esta nueva iniciativa, ya que el desembarco de los fiscales K no escapa al accionar político que suele tener este tipo de acciones”, manifestó ante NU un operador judicial cercano al Pro.
En definitiva, la propuesta que encabezan los fiscales que dirige Axat deberá sortear las suspicacias y complicaciones políticas que se le cruzarán en su camino desde distintos sectores sociales y políticos, sin dejar de lado la complejidad y la problemática del territorio donde actuarán estas unidades. Y como si eso fuera poco, el epicentro de la nueva iniciativa es la Ciudad de Buenos Aires, un territorio donde el kirchnerismo y el macrismo están en pie de guerra. Conflicto que crecerá a medida que se aproximen los comicios presidenciales de 2015.