El panel expositor en el salón dorado de la Legislatura Porteña, tuvo como protagonistas a dos especialistas internacionales, el Doctor Claudio Fuentes que expuso el caso chileno, y el analista político Manfredo Marroquín de Guatemala. También participaron la diputada Cecilia de la Torre (Pro), Presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Porteña, el diputado Maximiliano Ferraro (CC ARI) y la diputada Natalia Fidel (ECO), Presidente de la Comisión Especial de Reforma Política.
Los expositores recorrieron desde distintos enfoques la importancia del derecho de acceso a la información como instrumento para lograr una democracia robusta y un gobierno más abierto. Por su parte, la diputada Fidel se centró en los logros y desafíos en la materia desde la sanción de la Ley 104 que, luego de 18 años, está en camino a ser reformada.
En cuanto a los logros, Fidel destacó que en 1998 “la Ciudad se puso a la vanguardia al consagrar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información adecuada de los órganos de la administración pública en lo relativo a su actuación administrativa” y consideró que “este derecho humano es fundamental para la vida democrática y para el ejercicio de otros derechos ciudadanos”. Al momento de hablar sobre los desafíos, la diputada insistió en la necesidad de adaptar la Ley 104 a los nuevos tiempos que corren ya que, al no haber sido modificada, la misma se encuentra desactualizada respecto a los cambios sociales, culturales e incluso tecnológicos de los últimos años. Por la falta de actualizaciones “la Ley se ve afectada en su efectividad”, destacó.
Entre sus principales observaciones, Fidel mencionó “la importancia de aggiornar la Ley a las nuevas tecnologías, no sólo por los avances tecnológicos sino también por la actual penetración que las mismas poseen en la población”.
Por último la legisladora trajo a la mesa la cuestión relativa a la “implementación de una Autoridad de Aplicación que sea responsable de velar por el efectivo cumplimiento de la ley y de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública” porque “este fue el talón de aquiles de la Ley 104, ya que no concibió una autoridad de aplicación de la envergadura necesaria para cumplir con su cometido”.
Para finalizar preguntó a la audiencia: “¿Cómo abordamos los distintos desafíos que tenemos en materia de acceso a la información para convertirlos en logros?”, y respondió que ello sólo es posible a través de “espacios como este, propiciando el debate y la reflexión entre las distintas fuerzas, para poder aprobar no una Ley ambiciosa sino una norma sustancialmente buena y coherente y cuyo cumplimiento sea posible y exigible”.