La Legislatura porteña aprobó este jueves el pedido de informes realizado por el legislador porteño de la CC-ARI Maximiliano Ferraro para que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, informe sobre la detención de Mariana Gómez por parte de integrantes de la Policía Metropolitana.
El mismo requiere que se informe sobre las características y razones de la detención llevada adelante, sobre la veracidad de los dichos de las denunciadas en cuanto al trato en masculino hacia Mariana Gómez, qué tipo de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad recibe el personal policial. También pide que se informe si el personal policial actuó desproporcionadamente, como indican las pruebas fílmicas que se conocen hasta el momento y que circulan en las redes sociales, y si fue solicitado el certificado de casamiento a las personas denunciantes. Asimismo, se solicita información sobre las calificaciones y las aptitudes que posee el personal policial involucrado.
El pasado lunes 2 de octubre, Mariana Gómez denunció que fue agredida y detenida por integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la estación Constitución de la Línea C del subterráneo. Según lo denunciado por Gómez, fue violentamente reducida y luego trasladada por los agentes Jonatan Rojo y Karen Villarroel a la oficina de la Policía ubicada en la estación Boedo de la Línea E. La explicación oficial es que la detención se debió a que estaba fumando en un sector no autorizado.
“De comprobarse lo denunciado por González y Giral, esta detención se convertiría en un acto discriminatorio por orientación sexual y es contrario a la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad y al artículo 11 de la Constitución porteña, que garantiza el derecho a ser diferente que no admite discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”, explicó Ferraro en los fundamentos del pedido de informe.
Además, pondría en contradicción la orientación no discriminatoria que incluye la nueva Ley N° 5.688/16 de Servicios de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires donde en el Capítulo XVIII Políticas antidiscriminatorias y de género, el artículo 187 dice expresamente: “La Policía de la Ciudad se subordina en su conformación y funcionamiento al espíritu antidiscriminatorio establecido en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su personal se integra de forma proporcional según lo dispuesto en su artículo 36. Tiene en cuenta a su vez los principios dispuestos por la Ley 4.376 de Políticas Públicas para el Reconocimiento y Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) (texto consolidado por Ley 5454)”.
Para Ferraro: “Los principios antidiscriminatorios de nuestra ciudad no pueden ser negados por nadie pero mucho menos por integrantes de las instituciones que deben promoverlos y resguardarlos. Todas las personas que habitan Buenos Aires están protegidas contra cualquier acto de discriminación y/o violencia por cuestiones de género, identidad sexual u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar a través de su Constitución y de las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4.376, 3.062 y 5.688; y por las Leyes Nacionales N° 26.485, 26.873, 23.592, 26.743”.