El 13 de diciembre último la Legislatura porteña aprobó la Ley Nº 4.452, por la que se prorrogaba una vez más el plazo para que el Poder Ejecutivo porteño pudiera expropiar los predios y otras posesiones de empresas que hasta hoy están solo precariamente en manos de los trabajadores que las recuperaron tras la crisis de 2001. El 26 de enero, Macri la vetó. De esta manera, abrió la puerta para que, ante el incumplimiento de los plazos de expropiación definitiva de estas empresas, los antiguos dueños puedan efectuar reclamos judiciales por los bienes no expropiados.
Las cooperativas afectadas por el decreto suman 32 y dan empleo a más de dos mil trabajadores. Pero además, casi la mitad de los argentinos tienen alguna relación comercial con las cooperativas de trabajo, que fabrican todo tipo de bienes de consumo, distribuyen energía, imprimen libros y revistas, otorgan créditos a los pequeños y medianos empresarios, generan bienes culturales de todo tipo y algunas hasta exportan diversos productos a todo el mundo.
Las empresas recuperadas fueron, en su mayoría, ocupadas por sus trabajadores ante la defección de sus dueños, que en la crisis de 2001 las abandonaron, evitando casi siempre el pago de los salarios y sus obligaciones previsionales. Ante este panorama, muchos trabajadores se presentaron en los juzgados comerciales en los que se tramitaban las quiebras –muchas veces fraudulentas– de las patronales para exigir que se cumpliera con el principio que exige que a los trabajadores se les paga primero. Casi todos los jueces que aceptaron el pedido exigieron a su vez a los trabajadores que se organizaran en cooperativas, para que existiera una figura legal a la que se pudieran transferir los bienes en disputa.
El vetado original
Esta no es la primera vez que Macri golpea sobre las empresas recuperadas por los trabajadores. Como un mal regalo de Navidad, el 23 de diciembre de 2011, por medio del decreto 672, el mandatario porteño vetó la Ley Nº 4.008, que había sido votada el 17 de noviembre anterior. Esta ley prorrogaba la vigencia de la Ley 2.970 y de otras resoluciones que obligaban al Jefe de Gobierno a proceder a la expropiación de los predios en los que funcionan las empresas, entonces ya en manos de sus trabajadores.
En aquella oportunidad, el argumento principal del Jefe de Gobierno porteño para su denegación fue que en la ley se creaba una “mesa participativa” para garantizar su cumplimiento, que venía siendo eludido por Aníbal Ibarra, por su sucesor Jorge Telerman y por el propio Macri. La mesa iba a estar conformada por dos representantes del Ejecutivo, por un miembro de las comisiones de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura y por un representante de cada una de las 29 empresas recuperadas. Sobre la creación de esta mesa basó Macri su veto. El Jefe de Gobierno planteó que esa iniciativa era “contraria al principio de división de poderes”, porque “la reglamentación ejecutiva de las leyes” era “una prerrogativa del Jefe de Gobierno”.
En aquellos días, los trabajadores de las empresas recuperadas declararon su intención de volver a intentar un nuevo tratamiento legislativo para lograr la aprobación de la ley. Según declaró entonces Eduardo Montes, presidente de la Cooperativa Gráfica Patricios, los trabajadores se disponían a persistir en su intención de “discutir la situación junto con los diputados nacionales y de la Ciudad que nos quieran acompañar”.
El nuevo veto de Macri
Aquel veto de 2011 fue el antecedente inmediato del proyecto que volvió a tener estado parlamentario el 13 de diciembre último. Por esa razón, los legisladores buscaron esta vez profundizar los consensos con el Pro, para que no pasara con esta ley lo que ya había pasado, cuando fuera vetada por la veloz lapicera de Bolívar 1, que demostró ya bastantes veces su capacidad denegatoria.
El diputado Francisco “Tito” Nenna planteó: “Nosotros vamos a llevar esta discusión a las sesiones extraordinarias de la Legislatura, adonde vamos a plantear la ratificación de esta nueva ley, porque fue una ley trabajada por el conjunto de la Legislatura, por el conjunto de los bloques y por el Poder Ejecutivo, que envió a sus representantes para que trabajaran en esta ley con nosotros. No puede ser que por una decisión personal de Mauricio Macri, una decisión ideológica, 2.000 familias y 32 empresas estén en zozobra y con el peligro de que nuevamente los antiguos dueños vuelvan a las empresas por la vía judicial. Esto no lo vamos a tolerar nosotros, pero en especial no lo van a tolerar los trabajadores, que van a seguir estando en las empresas, haciéndolas producir”.
De todos modos, los legisladores kirchneristas tomaron conciencia de que va a ser muy difícil repetir la votación en la que se trató la Ley 4.452, que fue aprobada por 56 votos contra cero, una mayoría absoluta, que incluye hasta a los propios legisladores del Pro. “Es una contradicción habitual. La actuación de la propia vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que presidió la sesión en la que se votó la 4.452, muestra que su aprobación no fue una decisión descolgada. Por eso, este veto es un flagrante desconocimiento a la división de poderes.”
El incierto futuro de los cooperativistas
Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), traza un futuro de lucha. “Durante todo el mes de febrero vamos a estar realizando asambleas en nuestros lugares de trabajo y en marzo ya vamos a tener un plan de lucha, que vamos a empezar a desarrollar inmediatamente.”
El gremialista señaló: “Somos los representantes de 32 empresas, de las que dependen 2.000 familias. Ya hace diez años que estamos funcionando, lo que demuestra que somos sustentables. Esta ley la trabajamos todo el año, por lo que debimos hacer algunas concesiones, en especial a pedido del bloque del Pro, y por eso se aprobó con los votos de todos los legisladores que estaban presentes, que en ese momento eran 56”.
En relación a los dichos de la vicejefa de Gobierno porteña, que declaró que existen otras situaciones más urgentes que las de los trabajadores de las fábricas recuperadas, Montes acotó que “esta gestión tenía, en el Ministerio de Desarrollo Económico, una oficina de empresas recuperadas y la cerraron”.
Montes afirma que los jefes de Gobierno desde 2001 en adelante están en deuda con los trabajadores agrupados en UPEA, ya que desde entonces “solo se votaron las expropiaciones de dos empresas”. Lo mismo, el representante de los cooperativistas reconoce que “insistir de nuevo con la aprobación de la ley es, aparentemente, imposible, porque no se van a lograr los 40 votos que se necesitan, ya que el bloque del Pro tiene 26 legisladores y puede impedir que salga”, por lo que su futuro, por el momento, no pasa por el recinto legislativo porteño.
María Eugenia Vidal: “Las empresas tuvieron 11 años para recuperarse”
La vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, señaló que hay “otros sectores de la sociedad” que tienen una necesidad “más urgente de ayuda por parte del Estado” que el sector de la economía social que significan las fábricas recuperadas.
Vidal defendió el veto que le asestó su jefe a la ley, porque cuando se votó la intención era “proteger de la expropiación a los trabajadores y sus fuentes de trabajo, en momentos de alta desocupación y falta de empleo”. Luego, la funcionaria expresó que “ya pasó más de una década de esa coyuntura, tiempo suficiente para regenerar los proyectos productivos, recuperar las fuentes de trabajo y salir de la situación de crisis”.
Vidal acotó que “las empresas tuvieron 11 años para recuperarse” y agregó que “en ese tiempo la economía tuvo un crecimiento promedio de 6 por ciento anual. También hoy tenemos bajas tasas de desempleo en la Ciudad”. Luego cuestionó que en la ley derogada por el Ejecutivo “los legisladores habían incorporado más empresas recuperadas al listado original surgido luego de 2001, lo que hoy no se justifica porque ya no estamos en una coyuntura de crisis económica y social como entonces”.
Luego, la estrella en ascenso del Pro acotó que el veto es “una facultad constitucional” del Jefe de Gobierno y que sobre 361 leyes aprobadas en 2012, únicamente “fueron vetadas diez”, una cifra que no alcanza al tres por ciento del total.
Conferencia de prensa de la oposición: “Macri gobierna la Ciudad como un monarca”
El miércoles 30 al mediodía, los representantes de UPEA, junto con siete legisladores del interbloque kirchnerista, convocaron a una conferencia de prensa en la puerta de la Jefatura de Gobierno –Bolívar 1–, en la que denunciaron la situación de precariedad a la que somete a las empresas recuperadas el veto del Jefe de Gobierno.
El legislador Tito Nenna denunció: “El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de la misma manera que lo hizo el año pasado, vetó la misma ley, una ley que fue votada por unanimidad, incluso por el oficialismo. Por eso hoy decimos que no frente a las acciones que está planteando el Jefe de Gobierno, que quiere gobernar la Ciudad de Buenos Aires con el veto y con las balas de goma. Atacaron a los periodistas y a los vecinos en el Parque Centenario, con una Policía Metropolitana que nos hace recordar 2001, cuando los policías arrastraban a la gente por la calle.
Además aquí, con los compañeros de las empresas recuperadas, no solo rechazamos el veto, sino que intimamos al oficialismo a que ratifiquen esta ley en marzo, cuando comiencen las sesiones extraordinarias.”A continuación, el vicepresidente de UPEA, Eduardo Montes, reclamó: “El veto de Mauricio Macri vuelve a poner en peligro a más de dos mil familias que dependen de las 32 cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires. Hace diez años que estamos funcionando, por lo que es una mentira que son inviables. Macri, por su formación empresarial, entiende que la economía social no puede estar en manos de los trabajadores, a lo que decimos que está equivocado. Macri tiene que dar explicaciones acerca de por qué vetó esta ley”.
Luego de anunciar acciones de lucha, Montes comunicó: “En marzo nos movilizaremos para la ratificación de esta ley, que fue votada por un acuerdo entre los 56 legisladores presentes y debe, por lo tanto, ser ratificada. Lo que sí, pase lo que pase, nosotros de las empresas no nos vamos”, finalizó el dirigente.
Nenna expresó luego: “El Jefe de Gobierno no puede pensar con cabeza empresarial, no puede facilitar que los empresarios que vaciaron las empresas a través de subterfugios judiciales puedan volver, no a producir en las fábricas, sino a hacer negocios inmobiliarios. Por eso vamos a plantear la ratificación de esta ley, en defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores en estos últimos diez años”.
El legislador Edgardo Form, por su parte, acusó a Macri de “gobernar la Ciudad como un monarca, sin respetar la distribución de los poderes republicanos que establece la Constitución”.
Estuvieron presentes, además, los legisladores Alejandro Amor, Gabriela Alegre, Delia Bisutti, María Elena Naddeo y Mateo Romeo.