De todos los planes de “reforma permanente” que planteó el Gobierno nacional luego de vencer en las elecciones de medio término, los que apuntan a modificar la legislación laboral y el régimen de jubilaciones serán los más duros de roer. La maniobra de pinzas, entre votos y juzgados, con los que en la Casa Rosada querían encuadrar a los sindicatos y llevarlos mansamente a acompañar la iniciativa, solo funcionó parcialmente, y dejó en la mesa de entradas del Congreso una versión lavada del texto que habían escrito el ministro Jorge Triaca con sus más estrechos colaboradores, la ayuda inestimable de las cámaras empresarias y consulta permanente con la jefatura de Gabinete. La premura oficial no ayuda y ni siquiera esta versión light tiene asegurado un tránsito sin sobresaltos por ambas cámaras, ya que varios aliados importantes durante el último bienio ya advirtieron que no darán su voto para ayudar a Cambiemos en esta movida.
Pero, además, mientras el triunvirato de la CGT negociaba esos cambios –insuficientes pero relevantes–, por afuera de las conversaciones oficiales se conformaba otro polo sindical, que reúne a los sectores más combativos y que asumió el rol de oponerse abiertamente, en las calles y en los pasillos parlamentarios, para empiojar aún más el recorrido de los proyectos que buscan convertirse en leyes. Referenciado en las dos CTA, en la Corriente Federal de Trabajadores y en el sector de la CGT que conduce Pablo Moyano, en los últimos días ese grupo salió a la luz y, en los próximos, tendrá su bautismo de fuego en las calles. Lo novedoso de este nuevo reagrupamiento, es que deja atrás las divisiones provenientes de doce años de kirchnerismo y hace clivaje en la agenda actual. Eso, de por sí, significa un desafío inédito para el oficialismo.
Aunque estos sectores tienen diálogo fluido desde el comienzo del mandato de Mauricio Macri y ya convergieron en varias ocasiones en las calles, trabajan ahora en un armado más orgánico. Lo planteó el Moyano que hoy conduce el gremio de camioneros y representa al sector más combativo de la CGT, en un acto que hizo la semana pasada en el salón Felipe Vallese del edificio de la calle Azopardo: conformar una especie de “multisectorial” opositora, con eje sindicalista pero respaldo de partidos políticos, organizaciones sociales y hasta de la Iglesia. Esta semana, Francisco organizó un encuentro de dirigentes gremiales en el Vaticano, al que asistieron muchos referentes argentinos, de los opositores y de los otros. Allí, el pontífice fue, a su manera, muy crítico con la marcha política y económica del país y dio, a su manera, el visto bueno para el avance de un armado plural que frene algunas de las iniciativas de Cambiemos.
Antes de viajar a Roma, el lunes, en Luján, un plenario de la Corriente Federal de los Trabajadores fue la excusa para volver a reunir a los principales referentes de la nueva oposición sindical: el docente Hugo Yasky, el estatal Pablo Micheli, el bancario Sergio Palazzo y el curtidor Walter Correa, además de Moyano. Allí, los cinco lanzaron oficialmente la convocatoria a marchar a la Plaza del Congreso el día que se trate en la Cámara alta el proyecto. Apuestan a una movilización “histórica” que trabe el avance de las leyes de reforma laboral y, a la vez, influya en los movimientos que se están dando al interior de la oposición parlamentaria: el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, habrá un quiebre en la bancada peronista en el Senado; entre los que se encolumnen con el negociador Miguel Pichetto, los que apoyen a la intransigente CFK y un tercer grupo que no quiere embanderarse en ninguno de esos dos espacios.
Para Pichetto es un problemón: sin votos propios y con una autoridad que, hoy en día, emana solamente de sus vínculos con el oficialismo, el rionegrino se arroga la representación de “las provincias y la CGT” y se apoya en los acuerdos firmados por los gobernadores y el triunvirato para dar su respaldo a las iniciativas del Gobierno nacional. La aparición de este nuevo sector, golpeando las puertas del Palacio el día que el Senado discuta el proyecto, puede costarle varios votos clave. Para Macri también puede ser un problemón. El presidente, durante su última estadía en los Estados Unidos, les prometió a CEO, empresarios e inversores que las reformas laboral y previsional estarían aprobadas antes de fin de año. Pero, además, pretende que el Senado les dé media sanción antes del recambio, porque quiere evitar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asumirá ese día su banca en la Cámara alta, protagonice el debate y lo use como plataforma política.