Algún fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos desafió directamente al poder político que actualmente rige los destinos del país desde la Casa Rosada.
En especial, una de sus resoluciones alteró la paz y llenó de alborozo a algunos sectores de la oposición más dura, la que promociona la guerrilla política como sistema. El exvicepresidente, Amado Boudou, fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y diez meses de prisión por el juez federal Ariel Lijo, una sanción que fue morigerada en dos meses y medio, un año después, por el Tribunal Oral Federal 4.
Apelada la sentencia, la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia, por lo que una nueva apelación elevó la causa ante la Corte Suprema de Justicia.
Los supremos se excusaron de atender el pedido de Boudou en base a lo expresado en el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que les permite rechazar cualquier planteo sin necesidad de ser fundamentado, una facultad casi monárquica que fue cuestionada ya en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una causa en la que un chofer de colectivo había sido inhabilitado para conducir por ocho años, por un homicidio culposo. Éste acudió a la CIDH, que dictaminó que el artículo no es compatible con la Convención Americana y que debería ser modificado.
La intervención de Cristina
Próximamente, la misma Corte debe pronunciarse sobre un amparo presentado por el Gobierno porteño acerca de la quita en la coparticipación que decidió el Gobierno nacional.
En enero de 2016, junto con el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la ciudad, el entonces presidente Mauricio Macri amplió la coparticipación de la ciudad del 1,40 por ciento al 3,75 por ciento de la recaudación impositiva federal. La medida, de carácter netamente partidario, fue considerada como una contribución del Pro al distrito en el que nació y en el que posee un fuerte arraigo político. Los mismos analistas consideraron, por contrapartida, que el cambio de status impositivo que implementó el presidente Alberto Fernández tiene que ver con que el grueso de su electorado permanente reside en el Gran Buenos Aires, que además sufre de un endémico mal de miserias constantes. Un juego de espejos, paradójicamente opositores.
La resolución del conflicto podría ser contraria a los intereses del Gobierno nacional. Y la razón, siempre en modo hipotético, sería una especie de advertencia al poder político, más aún cuando en el Gobierno existe la pretensión de limitar al mínimo el poder de fuego de la Justicia que entre 2016 y 2019 fue la principal herramienta del lawfare, siempre presta a intervenir a favor del poder económico contra el peronismo, que a veces suele cuestionar sus privilegios.
Previendo un desenlace desfavorable para el Gobierno, la vicepresidenta de la Nación publicó una carta en la que cuestionó severamente el accionar de la Justicia, que durante los cuatro años de Cambiemos en el poder se asoció con esta coalición partidaria para martirizar a una serie de funcionarios peronistas, con el sólo fin de prolongar su permanencia en el poder y ampliar sus negocios.
La vicepresidenta cuestionó al mundo judicial, ya que consideró que “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare”, que agregó que “de los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.
“Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sí, además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie, ni estar sometidos control alguno”.
“Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”.
La expresidenta expresó que el concepto de guerra judicial “se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación” y aún sigue actuando. “Que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la ‘mayoría automática de la Corte’, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”, aclaró.
Luego, Cristina aclaró que “de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada”, lamentando la muerte de Carmen Argibay Molina, “magistrada independiente si las hubo” y destacando la renuncia de Eugenio Zaffaroni, que es “reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo”. También comunicó que “la descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte me eximen de mayores comentarios”.
Inmediatamente, la vicepresidenta describió cómo “el macrismo en el Poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema”, cuestionándolos porque “aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte”.
Enseguida, Cristina polemizó contra la actitud del actual presidente del tribunal, Carlos Rozenkrantz, cuya cartera de clientes estaba, antes de ser designado en el tribunal, formada por algunas de las grandes empresas que iniciaron las batallas del lawfare. “No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación”, agregó.
“A nadie debería extrañarle entonces, no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, acusó Cristina.
Finalmente, la titular del Senado de la Nación advirtió sobre lo que vendrá, no sólo con el próximo fallo que se apresta a emitir el tribunal supremo con respecto al porcentaje de la coparticipación porteña. “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, denunció.
Una conclusión preliminar
Como dijo algún sabio, en el mundo de la política nada es lo que parece. En este camino, quizás habría que comenzar a modificar la imagen de las diosas Temis (griega) e Iustitia (romana), que lucen sus ojos vendados, porque la Justicia argentina no es, precisamente, ciega.