El militante de izquierda Sebastián Romero, imputado por disparar un mortero durante la marcha contra la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017 y extraditado, se presentó como precandidato a senador por la provincia de Santa Fe.
Romero, quien desde hace más de un año está detenido con prisión domiciliaria y fue extraditado desde Uruguay en 2020, integra la lista del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que participará en la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
A través de un zoom con los integrantes de su partido, Romero fue presentado como alguien que se hizo “conocido y banalizado” por ser el “gordo del mortero”. En ese marco, se reconoció que la postulación es controversial, ya que se trata de una persona que está siendo juzgada por un hecho que involucró escenas de violencia.
En ese sentido, el ex delegado de la General Motors sostuvo: “Hoy soy el único candidato preso político que hay en Argentina, pero no soy el único preso político, teniendo en cuenta que tenemos a Milagro Sala y Luis D’Elia”.
En su reaparición pública, el aspirante a una banca en Santa Fe apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, al señalar que fue perseguido, pero también cuestionó a la gestión de Alberto Fernández.
El ahora precandidato dijo: “Todos fuimos perseguidos por el gobierno anterior, que nos persiguió, nos empobreció y nos dejó sin trabajo, pero este Gobierno no está siendo distinto. En cierta medida, hasta sigue teniendo presos a compañeros de sus organizaciones”.
Romero se hizo conocido masivamente el 18 de diciembre del 2017, cuando lo fotografiaron y filmaron en primer plano disparando pirotecnia contra los efectivos policiales que reprimían la protesta frente al Congreso. El resultado de los enfrentamiento dejó 162 heridos, 88 de ellos policías y al menos 52 detenidos por las pedradas, botellazos, cañas de las banderas políticas utilizadas para enfrentar el dispositivo de seguridad.
La causa estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, quien dictó su captura nacional e internacional. Torres fue luego nombrado en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y su juzgado es subrogado por Rodolfo Canicoba Corral.
Durante el tiempo de búsqueda, el entonces ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ofreció una recompensa de $1.000.000 para dar con su paradero. Según el imputado, aún no hay fecha de inicio del juicio oral.