Lo que sucedió en las últimas horas en la ANSES, con despidos de cientos de empleados totalmente sorpresivos, sin previo aviso, es apenas una muestra del próximo paso de la gestión Javier Milei: aplicar a fondo la motosierra por el empleo estatal, dejando sin renovación una buena parte de los 70 mil contratos que vencen a fin de mes.
En el oficialismo, al día de hoy, no tienen precisiones sobre la cantidad de despidos que encararon desde el 10 de diciembre, con varias cifras que chocan entre sí y por si fuera poco con aquellas que tienen los gremios.
Los vínculos laborales de 70 mil personas, que caducan el próximo 31 de marzo, están en la mira del gobierno libertario desde principios de enero y forman parte de los puntos a atacar para la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, que monitorea el ajuste fiscal minuto a minuto y que se encargó de bajar una línea bien concreta en la última semana: cada ministerio y área estatal deberá reportar este martes 26 de marzo los contratos a eliminar, con el agregado de comunicarles a los futuros damnificados que se quedarán sin una fuente de ingreso. Aproximadamente, serán entre 15 y 20 mil agentes del Estado que dejarán su puesto laboral.
La noticia no cayó bien en varios ministerios, que requieren personal y no están en condiciones de pasar la motosierra. “Hay gente valiosa y que trabaja muy bien por un sueldo que no es alto ¿Cómo vamos a echar gente en este momento?”, se preguntó un funcionario de La Libertad Avanza (LLA), que agrega que existieron llamados a Posse y a Luis Caputo, el ministro de Economía, para explicar que no pueden tocar personal.
En las filas libertarias, el tema contiene varios matices. Por un lado, el Presidente se jacta de haber echado a 50 mil personas a partir de su arribo a la Casa Rosada. No obstante, cerca del economista se cuidan de hablar de despidos y prefieren utilizar las palabras “no renovación de contratos”.
En concreto, solo admiten que 7 mil integrantes de la administración pública perdieron su ingreso económico mediante el decreto 84/2023 que vio la luz el 26 de diciembre pasado. Esa disposición, con firmas de Milei y Posse, estableció la no renovación de aquellos vínculos que están comprendidos en el artículo 9 de la ley marco, que comenzaron el 1 de enero de 2023 y que vencieron el 31 de diciembre de dicho año.
A su vez, en Balcarce 50 subrayaron, ante la consulta de este medio, que no habrá un recorte importante de los famosos 70 mil contratos en la mira del ministro coordinador, solo se producirá un ajuste entre el 20 y el 30 por ciento. Los gremios más poderosos que nuclean a los trabajadores de la administración pública, UPCN del histórico Andrés Rodríguez y ATE que lidera el combativo Rodolfo Aguiar, no dan por seguro esa versión y se preparan, a su modo, para un escenario cargado de conflictividad.
ATE, por caso, ya lanzó una jornada nacional de protesta para este martes 26 de marzo. Mientras que UPCN sigue con atención todos los movimientos en el Estado aunque tiene la idea de esperar a que sea realidad la no renovación de contratos para luego tomar medidas. El sindicato de Rodríguez no cree en los paros preventivos pero advierte que habrá resistencia.
ÚLTIMO MOMENTO!
CONTRA LOS DESPIDOS ATE RESOLVIÓ PARO EL 26Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá.
Resolvimos una nueva Jornada Nacional de Lucha el 26 de marzo con movilización a Agricultura Familiar.
Se acerca el 31 de marzo y los despidos son inminentes.
El Gobierno… pic.twitter.com/raKwTp1uMf— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 21, 2024
Todos los colectivos también lamentan que no haya una mesa de negociación con el oficialismo para una problemática tan sensible. Incluso, creen que fue un error del Gobierno el despido de Armando Guibert, el secretario de transformación del Estado que dependía de Posse. Guibert se animó a tejer relación con dirigentes sindicales y quedó envuelto en la polémica de los aumentos salariales del Ejecutivo.
A diferencia del Gobierno, en ATE sí mencionan la palabra “despidos” y ofrecen cifras. En total, indican además de los 7 mil contratos que no fueron prorrogados para este año, hay por lo menos 2 mil hombres y mujeres de diferentes áreas que recibieron un telegrama, con el agregado de que cientos de empleados ya saben que no trabajarán más y solo resta la efectivización de su destitución.
En este marco, se destaca el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien echó a 1500 personas, en ANDIS 165, en el Incaa 170, en Aysa 200, en la secretaría de Derechos Humanos 26, en el Enacom 50 y en el Conicet otros 50. De todos modos, habrá más de 2 mil cesanteados porque se van a sumar aquellos que se desempeñaban en los Centros de Referencias que depende de Pettovello (600), el Inadi (400) y los que pertenecían al Instituto de Agricultura Familiar (900), que aún no quedaron operativos. A la larga nómina, se sumarán más de 1400 de parte de ANSES y 900 del lado del CONICET.