El Gobierno de la Ciudad entendió que no es el único que debe ocuparse de la infraestructura del distrito. Así, desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se envió comunicaciones a habitantes de las comunas 8 y 9 para que realicen los arreglos de sus veredas en un plazo máximo de 45 días. Las multas podrían variar entre 500 y 10 mil pesos.
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad informaron a Noticias Urbanas que “trabajan en toda la ciudad para mejorar las condiciones de transitabilidad y accesibilidad en las veredas porteñas, para mejorar la calidad de vida de la manera más sustentable posible”.
Entre diez y veinte vecinos de Villa Soldati y Villa Lugano recibieron intimaciones en las que el gobierno porteño los intima a reparar las veredas del frente de su casa en un plazo máximo de 45 días. A esa comuna, la 8, las notas comenzaron a llegar la semana pasada; en algunos casos llevan la firma del ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, en otros, del subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Ezequiel Capelli, y en otros, de ambos funcionarios, algunas comunicaciones, además, van acompañadas de foto de la vereda.
En todos los casos, las comunicaciones advierten que las multas aplicables pueden ir entre los 500 y los 10 mil pesos. “Hay vecinos muy preocupados. A nosotros nos vino a hablar una señora mayor, de 80 años, totalmente desesperada, porque no tenía plata para hacer arreglar la vereda y sentía que ya tenía que pagar la multa de 10 mil pesos”, contó el comunero Facundo Roma, integrante de la Junta Comunal 8.
Denuncias similares comenzaron a registrarse estos días en la Comuna 9, que comprende Parque Avellaneda y el sur de Mataderos, y en la Defensoría del Pueblo porteño.
No obstante, desde el ministerio de Ambiente y Espacio Público, informaron que según el artículo 1° de la Ordenanza N° 33.721/77, los frentistas son los principales responsables de la construcción, mantenimiento y conservación de sus veredas, tanto las deterioradas por el uso normal como aquellas que fueran dañadas por su mal uso, demolición, construcción privada o incorporación de artefactos.
Explicaron que “cuando la vereda es rota por empresas de servicios públicos o privados, como empresas de telefonía, agua potable, energía, gas o televisión, el arreglo de la misma corre por cuenta de la empresa que realizó la apertura. En estos casos se debe informar el permiso de obra en cartelería y el vallado es obligatorio”.
Además, aclararon que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “tiene a cargo el arreglo si se tratara de una situación de deterioro causada por la pavimentación, repavimentación o trabajos relacionados con el alumbrado público, señalización o corte de raíces. Y aquellas veredas que se encuentran en frente a edificios públicos, parques, cementerios, plazas, etc”.
Uno de los puntos que genera inflexión es el programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras (RyMA), que sigue siendo potestad del Gobierno porteño, en lugar de haber pasado a las Juntas Comunales, como estaba establecido en la descentralización.
En tanto, las intimaciones y amenazas de multas pusieron en foco una disputa de competencias pendiente entre el Gobierno porteño y las potestades y presupuestos de las comunas, en cuya órbita deberían operar las obras de “Reparación Vías de Tránsito Peatonal”, que ya tienen presupuesto asignado.