El gobierno de Salta multó con 2,5 millones de pesos al empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le ordenó la reforestación de su finca salteña de 10 mil hectáreas. Además lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente.
Greenpeace había recolectado 500 mil firmas para exigirle al gobernador Juan Manuel Urtubey que el empresario suspendiera la tala de árboles nativos. “En enero, Nación había declarado ilegal este y otros 31 permisos provinciales de desmonte. Y obligaba a la remediación. Pero comprobamos mediante imágenes satelitales que las topadoras continuaban arrasando la finca. La multa y la inclusión en el registro de infractores, además de la obligación de reforestar, son un gran avance”, afirma la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, Noemí Cruz.
Braun Peña integró el directorio de Finca Cuchuy SA junto a Pablo Clusellas, secretario nacional de Legal y Técnica. En 1997 le había comprado el predio El Yuto, vecino al de Cuchuy, al grupo Socma de la familia Macri.
Según el relato de la organización, el empresario exclamó: “Como hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme dos o tres palos verdes para joderlos”. Y su abogado habría agregado: “Por suerte estamos en otra época del país. El no es Yabrán, si no imagínense”.
En su campaña contra el desmonte del primo de Marcos Peña, la ONG había apuntado contra otra figura del oficialismo: el diputado macrista Juan Carlos Villalonga, quien fue director político de Greenpeace desde 1994 hasta 2011, cuando dio el salto a la política.
Según Greenpeace, Villalonga amenazó a integrantes de la organización.