El gobierno nacional ordenó que el nuevo Código Procesal Penal -sancionado en 2014- sea implementado de inmediato en Rosario, ciudad asediada por una ola de asesinatos y por el narcotráfico. Con el nuevo sistema, los procesos son más ágiles y crece el rol de los fiscales, que asumen la responsabilidad de las investigaciones. Pero ellos advierten que para eso requieren más presupuesto y tiempo.
El asunto motivó rispideces e intercambios entre el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, apenas asumió el gobierno libertario. Hoy, la decisión, que no fue publicada en el Boletín Oficial, tomó por sorpresa a las autoridades del Ministerio Público Fiscal.
El ministro de Justicia firmó este jueves la resolución que le ordena a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario disponer “la plena e inmediata” entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Según un comunicado emitido por el ministerio, el nuevo sistema regirá desde las 00:00 horas del lunes 18 de marzo.
Cúneo Libarona explicó en su resolución que tomaba la decisión por los “niveles inéditos de violencia” que está viviendo Rosario, “teniendo en cuenta el clamor social”, “la firme voluntad” que le “transmitieron los funcionarios” y “la reconocida bondad del sistema procesal propiciado”. Dijo que lo hacía exhortando “a las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida, a fin de que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen de enjuiciamiento”.
Los fiscales aducen que se requiere infraestructura para asumir las nuevas facultades que el Código Procesal Penal les impone. “Se necesitan salas de audiencia, servidores nuevos, ancho de banda suficiente, habilitación del expediente digital en el sistema”, dijo a este diario una fuente que conoció detalles de la puesta en marcha del sistema acusatorio en Salta y Jujuy. Allí el nuevo régimen ya está vigente y, según la Procuración, su puesta en funcionamiento implicó un presupuesto de varios millones de dólares.
La decisión ya tuvo coletazos en el mundo judicial. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, calificó la orden de Cúneo Libarona como “unilateral e inconsulta”.
Y en un comunicado emitido, dijo: “Ante la pretendida intención unilateral e inconsulta el Ministro de Justicia de poner en marcha en la Jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario el Nuevo Código Procesal Penal, la UEJN rechaza por imposible y temeraria tal resolución decreta el Estado de Alerta y Movilización en dicha jurisdicción y solicita reuniones con las máximas autoridades del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales”.
Según el texto difundido por Piumato, la puesta en marcha del sistema acusatorio en Salta y Jujuy llevó un proceso de ocho meses y medio, y “aún presenta inconsistencias en cuanto a la falta de recursos y personal”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación ya le había enviado al ministro una nota solicitando la ampliación del presupuesto para poder poner en marcha el sistema acusatorio. El ministro les respondió, en ese entonces, que no había dinero.
En su resolución, Cúneo Libarona habla del estado de “emergencia” en el que se encuentra Rosario por la violencia narco y de “las ventajas comparativas del Código Procesal Penal Federal” que son -afirmó- “especialmente relevantes en el distrito territorial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.
“Tal como fue consignado en el Decreto N° 188/24, aproximadamente el 70% de los más de 500 homicidios cometidos en la ciudad de Rosario y su área metropolitana durante los años 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales, cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario al fuero federal (cf. Resolución de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de SANTA FE N° 467 del 27 de diciembre de 2023)”, sostiene la resolución de Cúneo Libarona, que fue enviada a las autoridades de la Procuración General de la Nación, de la Corte Suprema, de la Cámara Federal de Casación y del Consejo de la Magistratura.
“En los últimos días, la violencia en esa ciudad ha recrudecido hasta alcanzar niveles inéditos en nuestra historia, producto de acciones aberrantes que buscan infundir terror en la población civil y amedrentar a las autoridades. La situación de emergencia imperante exige adoptar medidas urgentes, capaces de incrementar el protagonismo del Estado Nacional en relación con un fenómeno que representa una seria amenaza para la seguridad pública y el orden institucional”, advierte la resolución.
Fue firmada por el ministro en paralelo con el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad santafesina.