El bloque del Frente Para la Victoria en la Legislatura porteña realizó un pedido de informes sobre el accionar de la Policía de la Ciudad durante la instalación de una “Escuela Itinerante” en la Plaza de los dos Congresos.
Por otra parte se presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifieste su repudio ante los hechos de violencia policial dispensados contra representantes de los gremios docentes.
Por su parte, el Vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que los gremialistas docentes no tenían permiso para instalar la “escuela itinerante” frente al Congreso de la Nación y defendió el accionar de la policía.
El pedido de informes manifiesta:
“Sr. Presidente:
La Policía de la Ciudad desalojó de forma violenta a docentes que intentaron instalar una nueva versión de la “Carpa Blanca” frente al Congreso Nacional. Según pudimos comprobar desde el lugar, los uniformados arrojaron gas pimienta y reprimieron a los manifestantes que se resistían al avance de la fuerza de seguridad sobre la estructura tubular con la que se iba a levantar un “aula itinerante”.
El saldo de la represión fueron varios maestros lesionados y dos detenidos hasta altas horas de la noche.
El incidente, que no tiene antecedentes similares en los últimos treinta años, configuró un uso de la fuerza por parte de las policías intervinientes a todas luces desproporcionado y en clara violación a los principios básicos de actuación policial consagrados en la Ley 5688 que es muy clara y taxativa en cuanto a los principios de uso de la fuerza directa por parte de los funcionarios policiales. El Capítulo IV de la misma dispone una serie de regulaciones que no parecen haber sido respetadas en el hecho mencionado.
La ley 5688 fue objeto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas representadas en esta legislatura y a raíz de ello se construyeron importantes consensos sobre las características que debe tener la nueva policía de la ciudad. Los criterios de uso directo de la fuerza son un aspecto fundamental que se debe respetar en las prácticas cotidianas de la fuerza de seguridad ya que involucran directamente la preservación de la integridad física y la vida de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido es necesario también deslindar las responsabilidades políticas sobre los hechos de represión directa a manifestantes que se sucedieron en las distintas manifestaciones públicas de los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires, ya que nos encontramos ante el riesgo cierto de una escalada de violencia social que de ninguna manera puede ser avalada y/o consentida por las máximas autoridades en clara violación a todos los supuestos el Estado de Derecho.
Por lo expuesto solicitamos al cuerpo la aprobación del presente pedido de informes”.
Y el pedido para que toda la Legislatura repudie el hecho:
“Señor Presidente:
En el marco del conflicto nacional docente ante la negativa por parte del Gobierno a convocar la paritaria nacional que establece la Ley, en la noche del domingo 9 de abril del corriente año, la Policía de la Ciudad reprimió el intento por parte de Ctera de armar una “Escuela itinerante” en la Plaza de los Dos Congresos.
La actividad que intentaron llevar adelante los docentes para visibilizar el reclamo al Gobierno que se niega a discutir las condiciones homogéneas en todo el territorio nacional, tanto como el salario gravemente deteriorado a partir del año pasado, fue violentamente reprimido por el personal policial.
Resulta alarmante la decisión del Gobierno de impedir la protesta mediante el uso de la violencia, afectando el derecho a reclamar establecido en la Constitución Nacional, una de las garantías básicas de cualquier sistema democrático. Considerando que la actividad que pretendían desarrollar los docentes buscaban medios alternativos que no afecten las clases, y ni siquiera entorpecía el transito, la represión no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia, y configuró un uso de la fuerza por parte de las policías intervinientes a todas luces desproporcionado y en clara violación a los principios básicos de actuación policial consagrados en la Ley 5688 que es muy clara y taxativa en cuanto a los principios de uso de la fuerza directa por parte de los funcionarios policiales.
Es imperioso que todos los sectores políticos repudien este tipo de accionar, por la peligrosidad que implica una escalada de violencia en la protesta social, que en está ocasión dejo un saldo de dos detenidos y varios docentes lesionados, por intentar ejercer en paz el derecho a reclamar.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente Declaración por parte del cuerpo legislativo”.