El fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente a dos organizaciones piqueteras que habían participado de la masiva movilización del miércoles 17 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires. Las acusa de “extorsión”, luego de observar informes periodísticos en los que algunos asistentes aseguraron haber recibido presiones para asistir a las protestas.
Las organizaciones apuntadas por el fiscal son el Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR), quienes fueron denunciadas por la presunta realización de maniobras ilícitas de coacción contra personas que participaron de la movilización.
Tras promover la acusación, Marijuan notificó al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, pidiéndole que “deje sin efecto” la asistencia financiera hacia los denunciados.
Asimismo, le solicitó al organismo nacional que garantice que los planes sociales se sigan distribuyendo entre los beneficiarios, aunque sin la intermediación de la dirigencia.
Además, Marijuan solicitó: “Toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros”.
La causa deberá ser sorteada en la justicia federal para recaer en un juzgado a iniciar el proceso de instrucción.
Marijuan expresó en su escrito haber incorporado testimonios recogidos por medios periodísticos, en los que asistentes a la movilización del miércoles (18/08) reconocían tener la obligación de concurrir para no perder la ayuda social.
También denunció: “Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían”.
La jornada de lucha organizada por movimientos sociales se expandió por todo el país, con epicentro en la avenida 9 de julio. Sus organizadores comunicaron que el objetivo fue reclamar “trabajo genuino”.