Horas antes del recambio legislativo ingresó al Senado un listado de con 39 pliegos de jueces, fiscales y camaristas de todo el país y el jueves ya tomó estado parlamentario. De esa lista, se destacan los tres candidatos para integrar la Cámara Federal de Piedra Buena (Santa Cruz), un tribunal clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner porque se convertiría en la instancia de revisión de todas las causas de corrupción o narcotráfico que tramiten en su provincia y hasta en Tierra del Fuego.
Para ocupar ese lugar, uno de los nombres elegido por el Gobierno es Marcelo Bersanelli, un juez de Río Gallegos que alguna vez ofició como abogado de la vicepresidenta y concuñado de Máximo Kirchner.
Según recuerda Infobae, la Cámara de Piedra Buena se creó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. El objetivo en ese momento fue impedir que intervenga la Cámara de Comodoro Rivadavia en el arranque de la causa Hotesur.
El Consejo de la Magistratura elevó las ternas y en ese listado aparecían Sergio Roberto Rocamora, Nelson Andrés Sánchez, Gustavo Alberto Ogni, Carlos Augusto Borges, Claudio Marcelo Vázquez, Pablo Fernando Mansilla, Emilio Ricardo Porras Hernández, Marcelo Hugo Bersanelli y María Cecilia Cobas.
Hace diez días, el Ejecutivo eligió finalmente a sus tres candidatos, todos muy ligados al kirchnerismo.
Bersanelli fue designado juez de Río Gallegos en 2017, aunque trascendió en la esfera pública por su matrimonio con Candela García, la excuñada de Máximo Kirchner. Fuera de la provincia, se hizo conocido a fines de 2016 cuando acompañó a Cristina Kirchner a cumplir con un trámite judicial en el juzgado federal de Río Gallegos por la causa “dólar futuro”, a cargo del ex juez Claudio Bonadio. Ese día, la entonces senadora pidió que se grabe toda la secuencia en video. Bersanelli la acompañó en su rol de abogado, aunque luego no tuvo participación en la causas más importantes.
Antes de ser juez, trabajó en ANSES y luego pasó a desempeñarse como subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa en el Ministerio de Salud que comandaba su cuñada, Rocío García.
Además de Bersanelli, la terna se completa con el segundo candidato para integra la Cámara de Piedra Buena, Carlos Augusto Borges, fiscal de Caleta Oliva. Cuenta con el apoyo político de Pablo González, el exvicegobernador de Santa Cruz y actual presidente de YPF. La lista de postulantes se cierra con el pliego de Nelson Andrés Sánchez, juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial, en Río Gallegos.
Los pliegos ya fueron girados a la comisión de Acuerdos para que se active el proceso de audiencias públicas. Sin embargo, la aprobación en el recinto aparece como un objetivo casi imposible para el kirchnerismo con la nueva correlación de fuerzas del Senado.
Algo similar ocurre con otros concursos para ocupar los juzgados vacantes en Comodoro Py y los dos lugares en la estratégica Cámara Federal. En ese caso, los pliegos ni siquiera salieron del Consejo de la Magistratura, que ahora deberá enfrentar un proceso de transición para reformar su integración.
En el caso de la Cámara de Piedra Buena, no alcanza con un acuerdo político en el Congreso. También debería ser habilitada por la Corte Suprema. En las condiciones actuales, parece improbable.
La nueva Cámara Federal funcionaría en un pueblo recóndito de la provincia de Santa Cruz, a más de 200 km de Río Gallegos y a 467 km de Caleta Olivia, donde actualmente funcionan los dos juzgados federales de esa provincia.
Además de estar aislado de todo, no tiene aeropuerto ni una infraestructura que garantice accesibilidad al resto de la provincia o a Tierra del Fuego, que también dependería de esa Cámara.
Los detractores de esta Cámara aseguraron a Infobae que no hay una necesidad objetiva porque el volumen de causas que recibe la Cámara de Comodoro Rivadavia está dentro de los parámetros aceptados.
Para el Kirchnerismo esa Cámara es clave. De hecho, la incluyó en la fallida reforma judicial que tiene media sanción del Senado y quedó paralizada en Diputados. También propuso crear otros dos juzgados federales en Santa Cruz.