La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó fue denunciada por el senador radical Mario Cimadevilla por incumplimiento de deberes de funcionario público y la designación de fiscales.
Luego de efectuada la acusación, el juez federal sebastián Casanello desestimó dicha denuncia. En su fallo, Casanello consideró que la práctica de nombrar fiscales ad hoc o subrogantes no es algo novedoso, sino por el contrario viene de antaño a la gestión de Gils Carbó y está avalada en base a «los principios que gobiernan el organismo».
«El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia» a raíz de la situación «excepcional en la que faltan fiscales», según el magistrado.