El diputado nacional Carlos Heller presentó un proyecto de ley que prevé incorporar al Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación el artículo 679 Bis, la obligatoriedad de la realización de un informe socio-ambiental en todo juicio de desalojo de inmuebles destinados a vivienda.
La iniciativa tiene por objetivo “asistir a aquellas personas o familias que están en inminente situación de desamparo habitacional, y evitar que por causas de desalojo se encuentren sin vivienda o refugio, toda vez que el incumplimiento de las obligaciones contraídas que llevan al desalojo obedezca a razones socioeconómicas ajenas a la voluntad de los demandados”. El proyecto contempla que en razón de los informes socio-ambientales, “los gobiernos locales adopten las medidas habitacionales de protección correspondientes”.
En el texto que, este miércoles, tomó estado parlamentario, consta que “en todo juicio de desalojo sobre inmuebles destinados a vivienda iniciado por las causales de falta de pago o vencimiento de contrato, junto con la primera resolución, el Juez interviniente ordenará de oficio la realización de un informe socio-ambiental de los demandados dentro del término de quince (15) días”, a la vez que se aclara que “el cumplimiento de esta medida, en ningún caso podrá interrumpir, suspender o dilatar los plazos normales del proceso de desalojo”.
El diputado del Frente Nuevo Encuentro señala en los fundamentos del proyecto que “toda persona en riesgo de incurrir en situación de calle tiene derecho al acceso a una vivienda digna y los distintos organismos del Estado tienen la obligación de garantizárselo, mediante la creación de políticas públicas integrales de vivienda y de asistencia social” y advierte que la falta de vivienda y la exclusión residencial son “un problema riesgoso que, si no se trata oportunamente, en un corto plazo acrecentará la problemática de la situación de calle”.
“Es hora de contemplar el derecho a la vivienda de todas las personas, como un derecho humano fundamental, y no sólo una potestad de la gente adinerada. Para ello el Estado debe proteger a todas las personas de los desalojos, como parte del compromiso asumido por nuestro país con el derecho que emerge de las convenciones internacionales de derechos humanos que se han firmado e integrado al plexo constitucional”, sostiene Heller. En ese mismo sentido, agrega que “el desarrollo de políticas públicas en materia habitacional es fundamental para la solución del problema” y que “sin la intervención estatal se excluye a amplios sectores de la población del acceso a la vivienda y contribuye a acrecentar el hábitat informal”.
