Los diputados porteños Alejandro Bodart (MST) y Adrián Camps (Proyecto Sur), la Defensora del Pueblo adjunta Graciela Muñiz, varios comuneros y vecinos del Encuentro en Defensa del Espacio Público presentaron este jueves una impugnación al concurso de proyectos inmobiliarios para las obras en las ex playas ferroviarias de Palermo, Liniers y Caballito.
Bodart afirmó que “estos concursos que son hijos del pacto PRO-K resultan abiertamente ilegales. Violan la ley nacional 19.549 de procedimiento administrativo y la ley porteña 4.477, que obliga a convocar a las Juntas Comunales como observadores de los concursos de proyectos. Aquí ambos gobiernos están atropellando todo rápidamente con tal de favorecer como sea los negocios inmobiliarios.”
Además, el legislador cuestionó duramente al arquitecto Mario Boscoboinik, ganador del concurso para las playas de Palermo y a la vez Director General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) del gobierno porteño.
“Para dibujar los planos que presentó al concurso, Boscoboinik hizo trabajar a profesionales de la DGFYCO, es decir del Estado. Incluso imprimió allí sus planos, con los plotters y tintas que son insumos públicos. Todo esto lo denunció dicho personal al jefe de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión. Boscoboinik, quien como funcionario ahora ‘controlará’ sus propias obras -una aberración antiética-, hasta hace poco presidía nada menos que la Comisión de Ética del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo”, explicó Bodart.
Por su parte, Camps recordó que Boscoboinik aseguró que su “premio” no es incompatible con su función pública ya que él “no tiene que controlar las obras”. Ante estas declaraciones, el diputado porteño se preguntó: “Si la DGFYCO no es el órgano encargado de controlar las construcciones en la Ciudad, nos gustaría saber quién lo hace, si es que se hace”.