Pasaron casi cinco meses desde los inicios del proceso de relocalización de las familias de Cristo Obrero (Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31-31 bis) que el Gobierno de la Ciudad obligó a relocalizarse en el predio de Containera porque se encontraban ubicadas en el sector por donde pasará la nueva traza de la Autopista Illia (la traza vieja será a futuro un parque lineal elevado a la manera del High Line neoyorquino).
Ante esto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad denuncia que esta relocalización de las familias resultó fallida.
Gran parte de las familias se negaba originalmente a relocalizarse. En esta relocalización, las familias vieron profundamente socavados sus medios de vida.
La mayoría sustentaba su economía con actividades comerciales diversas. Al ser relocalizadas perdieron anclaje territorial y gran parte de la clientela. Además, el sector del barrio en el que están emplazadas se encuentra cercado y las tiras de
viviendas tienen una única vía de acceso, de manera tal que quedó marginado, aislado y prácticamente inaccesible vehicularmente respecto del resto del barrio.
Se suma a estas situaciones que los locales comerciales no resultaron suficientes para absorber la demanda comercial de las familias. En la relocalización no se consideraron las necesidades laborales de las familias que vivían de actividades productivas y comerciales en el barrio.
Con la finalidad de paliar estas socavadas economías algunas familias han alquilado o sub-alquilado las viviendas como una manera de generar recursos que les permita la subsistencia. Muchos esperan ansiosos el cumplimiento de los seis meses de posesión reglamentarios para poder venderlas e irse, que según ellos esta posibilidad fue informada por funcionarios del gobierno.
Las relocalización fue compulsiva para las familias, obligadas por la construcción de la nueva traza de la Autopista Illia. Los supuestos beneficios para la Ciudad de esta obra genera perjuicios para algunas familias en particular. El GCBA debería adoptar todas las medidas para que un beneficio común no signifique grandes perjuicios económicos para unos pocos.
En la búsqueda de un equilibrio, una medida inmediata del GCBA debería ser el otorgamiento de subsidios económicos para compensar a las familias que fueron perjudicadas en su actividad laboral y, en consecuencia, en su economía.