Gritos, insultos, amenazas, humillaciones, denigración, discriminación, acoso psicológico, y disposiciones completamente arbitrarias, son algunos de los hechos descritos en la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por la Asociación de Empleados Judiciales porteño (AEJBA) contra el juez de la Sala II de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bacigalupo.
En la denuncia, la agrupación gremial solicita la separación del cargo del magistrado ante el reiterado clima de violencia que sufren trabajadores de su despacho desde hace meses y que fueron expuestos públicamente en afiches e incluso con un escrache realizado en el mes de agosto en el edificio de Libertad 1046, sede de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF.
La presentación ante el órgano disciplinario del Poder Judicial de la Ciudad es, según informan desde la Federación Judicial Argentina -espacio que integra AEJBA- el último eslabón de una cadena de acciones y pedidos para que cese la situación de violencia y acoso laboral que denuncian los empleados que conviven a diario con el camarista. Entre las acciones tomadas por los representantes gremiales, previas a la denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, se destaca la solicitud de una reunión con el juez Pablo Bacigalupo en su despacho.
“Le exigieron desde AEJBA que cesara en sus actitudes violentas y de destrato hacia los trabajadores, intentando encontrarle un solución a todas estas situaciones, sin embargo, Bacigalupo, en lugar de admitir y modificar su comportamiento, su respuesta fue ‘ustedes no tienen huevos y yo voy a hacer lo quiera en mi oficina’ en un claro gesto de provocación y soberbia de quien se piensa impune en su irregular y perverso accionar”, relatan desde la FJA.
La denuncia contra el juez porteño, dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, fue remitida a la Comisión de Disciplina para su estudio.
Según la Ley 1.225 de Prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito laboral del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de comprobarse los hechos denunciados, las acciones del magistrado revestirían “especial gravedad” ya que las víctimas de los maltratos se encontrarían “en una situación de particular vulnerabilidad, por razón […] de inferioridad jerárquica”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley contra la violencia laboral en los órganos que integran el Estado porteño, según la gravedad de las conductas las sanciones pueden ser “suspensión de hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”. La normativa también expresa que “la comisión de alguno de los hechos sancionados por esta Ley es considerada causal de mal desempeño a los fines del juicio político”.
En la justicia porteña existe un antecedente de juicio político con la destitución como consecuencia de un hecho de violencia verbal y discriminación efectuado por la ex jueza Rosa Parrilli contra dos empleadas del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito con el fin de lograr la restitución de su vehículo particular, el cual había sido removido por una infracción.
