En las últimas horas, una de las querellas de la causa por las responsabilidades políticas en la represión que la Policía Metropolitana emprendió durante el desalojo de los talleres del Hospital Borda en abril de 2013 pidió una serie de medidas para reactivar la investigación en la que están bajo la mira el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su Gabinete.
A poco de que la Cámara del Crimen ordenara seguir la investigación luego de revocar un sobreseimiento del líder del PRO en la causa, la querella integrada por un grupo de damnificados solicitó al juez del caso que analizara todas las llamadas entrantes y salientes que hubo ese día.
Todos habían sido sobreseídos en diciembre pasado por el juez de instrucción Jorge López, pero en abril la Sala IV de la Cámara del Crimen consideró prematuro desvincularlos y, en cambio, ordenó que se sigan siendo objetos de investigación, al igual que los jefes de la Policía Metropolitana.
Entre las medidas solicitadas, requiere un análisis de las llamadas entrantes y salientes que registran los teléfonos (celulares y oficiales) de Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Montenegro, Chain, Reybaud; el titular de la Metropolitana, Horacio Alberto Jiménez; y el subjefe de la fuerza, Enrique Pedace.
En el escrito presentado reclamaron que “se determine el lugar de ubicación así como las celdas de antenas utilizadas, llamadas salientes y entrantes, los números y su titularidad, así como la duración de cada una de las llamadas desde las 12 horas del 25 de abril hasta las 18 del 26“, el día en que la fuerza porteña desalojó los talleres del Hospital Borda, lo que terminó en la represión contra los manifestantes.
Los incidentes en el Borda tuvieron lugar cuando la Metropolitana por orden del Gobierno porteño comenzaba el desalojo de un taller ubicado en el interior del Hospital, y en donde se presupone se iba a construir un nuevo centro cívico. “En las seis horas que duró el conflicto, con canales de televisión transmitiendo en vivo la salvaje represión policial, el ministro Chaín ninguna medida tomó, en el marco de su competencia, para dar marcha atrás con su ilegal decisión” de llevar a cabo la obra, criticó la querella.
