Agua: El ARI le pide a Telerman que defienda la jurisdicción

Agua: El ARI le pide a Telerman que defienda la jurisdicción

La diputada nacional del ARI, Elisa Carrió y el Bloque de diputados de la Ciudad de su partido anunciaron hoy el inicio de actividades conjuntas en el Congreso y en la Legislatura porteña con el fin de defender los derechos de la Ciudad de Buenos Aires en materia de competencia y fiscalización del servicio de aguas.


“Corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires iniciar todas las acciones legales y constitucionales para defender la competencia y la autonomía de Buenos Aires”, dice el proyecto de ley elaborado por los Legisladores porteños del ARI.

El anuncio se realizó después de una reunión que Carrió mantuvo con el Presidente del Bloque de Diputados del ARI en la Ciudad, Fernando Melillo, y los legisladores Fernando Cantero (Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos) y Enrique Olivera, su par en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Las iniciativas del ARI comprenden un dictamen que presentó esta mañana Carrió donde se rechazan los decretos del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se crea AYSA S.A. y la presentación de un proyecto de Ley en la Legislatura porteña en el que se le ordena al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, que “defienda los derechos de la Ciudad en materia de competencia y fiscalización del servicio de aguas, con el objetivo de defender a los vecinos de la Ciudad”.

El proyecto de Ley del ARI sostiene que “El poder concedente en materia de prestación de servicios públicos esenciales es atributo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma constitucional de 1994”.

“La eventual competencia federal en supuestos de interjurisdiccionalidad no puede sustraer de manera definitiva y sin control tal poder concedente”, agrega la iniciativa de los legisladores porteños, quienes afirman que “los decretos del Poder Ejecutivo Nacional al crear una Sociedad Anónima de derecho privado sin contrato de concesión transfiere a esa sociedad el poder concedente”.

El proyecto de Melillo, Olivera y Cantero dice también que “al no existir contrato de concesión no sólo se priva a la Ciudad de la jurisdicción sino también de la fiscalización reconocida incluso por la propia Ley Cafiero”.

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