Cristóbal López acusó a un periodista de La Nación de “persecución”

Cristóbal López acusó a un periodista de La Nación de “persecución”

El empresario dijo que Hugo Alconada Mon "fue parte de la persecución" durante el gobierno de Mauricio Macri.


El empresario Cristóbal López, acusado por supuesta administración fraudulenta en la empresa Oil Combustibles, cuestionó en sus redes sociales al periodista Hugo Alconada Mon por un artículo en el que relata cómo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desplazó a 40 funcionarios” que lo investigaron a él y a Cristina Fernández de Kirchner.

Al periodista “no lo engañaron. Fue parte de la persecución contra un medio de prensa y eso es lo que lo tiene tan nervioso”, sentenció López.

“Durante el último año y medio, más de 40 abogados, contadores, auditores y hasta un informático de la AFIP fueron desplazados en siete puntos del país tras haber investigado a Cristina Kirchner y su familia, Cristóbal López, Lázaro Báez o Ricardo Echegaray”, resumió el comunicador al compartir la nota que publicó en el diario La Nación.

A raíz de esto, Cristóbal López manifestó: “La nota de hoy de Hugo Alconada (@halconada) es la demostración más fehaciente de lo que denunciamos durante años: que en la AFIP funcionaba un grupo de tareas designado para perseguir a quienes pensaban distinto durante el gobierno de Mauricio Macri”.

En otra de las publicaciones del hilo de Twitter, aseguró que “es tanta la desesperación porque se sepa la verdad que @halconada tuvo que desenmascarar a su fuente: Jaime Mecicovksy, quien le filtraba informes parciales y tergiversados para que @halconada publique”.

A este tuit, lo acompañó con una captura de un tramo del artículo, en el que el periodista de La Nación escribe: “Las represalias llegaron a extremos humillantes. Ese fue el caso de Jaime Mecikovsky, quien ocupó uno de los cargos más altos y sensibles dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad”. 

Alconada Mon asegura en la nota además que Mecikovsky se desempeñó “como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez”, y que ahora “lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí”.

Para el empresario, quien espera el veredicto en la causa por Oil Combustibles para el 16 de diciembre, se trata de “persecución a quienes piensan distinto”.

“Se trata de operaciones que luego no pudieron defender durante el juicio. Pero cumplieron su objetivo: perseguirnos durante cuatro años, a través de un operativo encabezado por Alberto Abad, Carlos Bo, Néstor Sosa, Leandro Cucciolo y Juan Carlos Santos, entre otros”, todos funcionarios del organismo en la gestión anterior.

Por último, el dueño de Grupo Indalo acusó directamente al periodista de integrar “la persecución” que sufrió el canal de noticias C5N durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. “Todo esto está siendo investigado por la justicia y es lo que pone tan nervioso a @halconada y sus “fuentes”. Pero a no confundir: a @halconada no lo engañaron. Fue parte de la persecución contra un medio de prensa y eso es lo que lo tiene tan nervioso”, cerró.

El próximo 16 de diciembre, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López podrán dar sus últimas palabras ante el Tribunal que los juzga por supuestos delitos en la petrolera Oil Combustibles.

Tras escucharlos, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 estará en condiciones de pasar a deliberar y dictar veredicto. En la causa se investigaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago por parte de la AFIP a Oil Combustibles, por el impuesto a los combustibles líquidos que retenía a sus clientes.

El fiscal Juan García Elorrio pidió condenar a cuatro años y ocho meses de prisión al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a cuatro años y cuatro meses de prisión a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.

“El dinero del impuesto que no era ingresado a la AFIP fue utilizado para beneficiar intereses privados y la maniobra permitió además que los empresarios se beneficiaran a costa del Estado”, sostuvo el fiscal.

Por su parte, De Sousa insistió con la “interferencia” del gobierno de Mauricio Macri en el caso. Lo hizo al recordar que fue espiado de manera ilegal mientras estaba detenido en el penal de Ezeiza. “La justicia fue violada y fue afectada en su rol, hubo una clara interferencia de un poder del Estado (el Ejecutivo) con objetivos absolutamente oscuros”, se defendió el empresario.

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