El jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará adelante una audiencia de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la demanda iniciada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a raíz del recorte de la coparticipación federal decidido en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández.
Comprometieron su participación en la audiencia con los cuatro jueces de la Corte Suprema el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Si en la audiencia en la que estarán los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda no se llegara a un acuerdo, la Corte tendrá que dictar sentencia en el caso.
Según le dijeron fuentes de la Corte a Infobae, también han confirmado que participarán de la audiencia en representación de la Ciudad el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D´Alessandro y el procurador de la Ciudad Gabriel Astarloa.
En la causa, iniciada en septiembre del 2020, el gobierno de la CABA demandó al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Puntalmente, la Ciudad reclamó que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.
Según el planteo, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
La disputa surgió luego de la decisión del gobierno de Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, tras el conflicto que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración de la CABA en el 2016 en materia de seguridad.
El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional y solicitó que se dictara una medida cautelar para seguir recibiendo ese dinero mientras se definía la cuestión de fondo. Entre otros puntos, habló de la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que atribuyó al decreto y reseñó todos los antecedentes del régimen de coparticipación.
Y en diciembre del 2020, CABA reforzó su planteo con una acción declarativa de certeza para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y se condenara al Estado Nacional a pagar a la Ciudad la suma total que resulte de la pérdida sufrida en los ingresos correspondientes a la coparticipación, desde el 10 de septiembre de 2020 y hasta su efectivo pago.
Cuando contestó la demanda, el Estado Nacional rechazó los planteos y defendió sus decisiones. Además sostuvo que había que condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a restituir los importes percibidos -según sostiene- de forma indebida y en exceso durante la vigencia de los decretos derogados 194/16, 399/16 y 257/18.
Ante esa situación la Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación entre funcionarios de las Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de al Ciudad que no lograron avanzar. El jueves habrá una nueva posibilidad.
