El gobierno nacional reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los efectos de su propio fallo en donde se le seguramente al Estado Nacional, a través de una medida cautelar, que entregue el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
A través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema ya la vez planteó la revocatoria del fallo dictado la semana pasada, con efecto suspensivo y que, “oportunamente ”, se dejó sin efecto la resolución que favoreció al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
“A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”, afirmó la presentación del Estado Nacional.
“Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, VE adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscribió la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”, continúa.
De esta manera, el gobierno -a través de Zannini- ejecutó lo que el jefe de Estado ya había anunciado el lunes, a través de una serie de tuits, luego el comunicado del jueves pasado por parte del presidente y un grupo de gobernadores que se trataron de un fallo de cumplimiento imposible y se habló de la idea de desacatar la resolución del máximo tribunal, que desató una serie de denuncias penales por parte de la oposición.
Así como la Corte Suprema recibió este martes los escritos del Gobierno Nacional también recibió la presentación desde el Gobierno de la Ciudad en donde se sostiene que el Estado Nacional se encuentra incumpliendo el fallo porque ya no le depositó el dinero que debía salir desde los fondos del Banco Nación para comenzar a cumplir con la cautelar.
Ambos planteos quedarán para el 2023. Es que quedan solo dos días de actividad judicial de 2022 y durante enero, el Poder Judicial está en receso de verano y solo tramitan cuestiones urgentes. No será este caso, en donde se discute una cuestión patrimonial, parte de esas causas urgentes.