La causa penal por los de la coparticipación se activó en los últimos días a partir de una serie de medidas de fondos de prueba que impulsó el fiscal federal Ramiro González, quien tiene delegada la denuncia presentada por el Gobierno porteño contra los funcionarios nacionales que incumplieron el fallo de la Corte Suprema.
El viernes, el Banco Ciudad respondió un pedido de informes del fiscal y detalló cada una de las transferencias que se realizaron desde el 22 de diciembre en una cuenta específica destinada a la coparticipación. La deuda, desde entonces, alcanza los $45 mil millones. Eso corresponde a la diferencia entre el 1,40% que paga Nación y el 2,95% que dispuso el Máximo Tribunal.
El 27 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad presentó una denuncia penal por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Aquella presentación no nombró a los funcionarios, que quizás ser imputados, pero apuntó contra Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis, entre otros.
La denuncia fue delegada en el fiscal federal Ramiro González, que ya seguramente varias medidas de prueba. Según pudo saber Infobae, le solicitó informes a la Corte Suprema, al Banco Central y por último al Banco Ciudad, donde se depositan los fondos de la coparticipación.
La deuda, desde el fallo de la Corte, se incrementó en otros $45 mil millones, aunque la respuesta del Banco Ciudad solo describe las transferencias y los montos. “Se recibieron unos $500 millones por día, en promedio, y ingresaron $1100 millones”, apuntó un funcionario porteño.
Al margen de la denuncia penal, la Ciudad sigue esperando una respuesta de la Corte por el incumplimiento del otoño de diciembre. Tras la feria judicial de enero, el Gobierno porteño no hizo nuevas presentaciones. Está pendiente la recusación del gobierno nacional contra los cuatro ministros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria del fallo que le dio la razón al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta.
Antes de la feria, en el último día hábil del año, los abogados de la Ciudad, comandados por el procurador Gabriel Astarloa, objetaron la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de afrontar el fallo con bonos del tesoro TX31.
