La problemática por las pintadas en edificios públicos y monumentos se mete en el recinto de la Legislatura. El parlamento porteño debatirá este jueves, en la sesión ordinaria convocada para las 11, dos propuestas que pretenden aumentar las sanciones contra quienes realicen ese tipo de daño en el ámbito de la Ciudad.
La primera iniciativa propone incorporar el artículo 80 “Daño a monumentos” al Código Contravencional”. El proyecto del diputado macrista Oscar Moscariello establece que “quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare un Monumento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad publica o multa de doscientos ($200) a cuatrocientos ($400) pesos en caso de demostrarse que existió intención de obtener beneficio económico.”
“Atentar, romper, destruir y colocar inscripciones sobre monumentos, es atentar contra el Patrimonio de todos los argentinos”, se sostiene en los fundamentos del proyecto.
El segundo despacho, que lleva la firma de Daniel Lipovetzky (Pro), plantea la modificación del mismo artículo del Código. Propone que se incorpore un párrafo que establezca que “quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días de trabajos de utilidad pública o doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos de multa”.
“La sanción se eleva al doble o podrá corresponder de dos (2) a quince (15) días de arresto cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos.
En caso de que se trate de bienes de propiedad privada, “la acción es dependiente de instancia privada, excepto en el caso de templos religiosos”, se detalla en el expediente.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que “más del 70 por ciento de todas las formaciones de las seis líneas de subte y el Premetro” poseen pintadas y que “repintar los vagones cuesta entre $ 35.000 y $ 40.000”.
Clausuras: se actualizan las penas
Por otro lado, en la sesión también se pondrá en consideración un proyecto de ley que tiene como objetivo actualizar las penas a quienes violen una clausura. Actualmente la sanción es de $ 600 a $ 6.000 pesos de multa o arresto de 3 a 10 días. Irían, con propósito disuasivo, de 5.000 a 60.000 pesos o arresto de 5 a 20 días.
El expediente autoría de los diputados Francisco Quintana y Cristian Ritondo (PRO) en la Comisión de Justicia tuvo un despacho de mayoría que la diputada Paula Oliveto Lago (CC) firmó en disidencia parcial. Y un despacho de minoría fue suscripto por Juan Carlos Dante Gullo, Jorge Taiana (FpV) y Gabriela Cerruti (NE). En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales adhirió con al disidencia parcial del diputado Maximiliano Ferraro (CC) y en minoría se expidieron Gullo, Taiana (FpV), Cerruti (NE) y Aníbal Ibarra (FPP).
Sanciones para los que manejen sin licencia
Además, en el temario se incluyó un proyecto que contempla el incremento de la sanción para aquellos que conduzcan sin licencia. La iniciativa del Pro propone una multa de 400 unidades fijas (UF), unidad que equivale al valor de medio litro de nafta súper. Además, se agregará esta sanción y se suma a la ya existente para el caso en el que quien maneje se haya olvidado de llevar la licencia, al que se lo deberá sancionar con una multa de 50 UF.
Beneficio a hijos de víctimas de violencia doméstica
También está previsto que se trate una iniciativa que establece un beneficio escolar a hijos de víctimas de violencia doméstica. Mediante a una modificación al art. 16 bis de la Ley Nº 1688 – que establece la prioridad de vacantes – se pretende asegurar por ley reincorporarlos en Jardines Maternales, en los Niveles Inicial, Primario y Medio de gestión estatal -dependientes del Ministerio de Educación- y en los Centros de Primera Infancia que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.
El dictamen emitido por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud al que adhirió la de Educación Ciencia y Tecnología se elaboró sobre un proyecto de la diputada Virginia González Gass (PSA).
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