El Gobierno Nacional ingresó este martes al Congreso Nacional el proyecto de ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva” que apunta a paliar la difícil situación en el país, empezando por los más afectados.
El proyecto ingresó en el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, donde brindaron un informe los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción Matias Kulfas; de Salud, Gines González García; de Seguridad Social, Daniel Arroyo, y la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.
“Este proyecto de ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando la Argentina”.
El ministro @Martin_M_Guzman en la presentación del proyecto de Ley de solidaridad y reactivación productiva. pic.twitter.com/ESqxaMJWnx
— TOD☀️S (@FrenteDeTodos) December 17, 2019
En el caso de las jubilaciones, el Frente de Todos pide suspender la movilidad de los haberes previsionales por seis meses y se compromete a fijar trimestralmente un aumento de las jubilaciones, aunque no especifica cual será el índice ni la cláusula de ajuste.
Acerca del pago de deudas con reservas, el Gobierno podrá usar 4.571 millones de dólares de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central mediante la colocación de tres letras a 10 años de plazo, según consta en el proyecto.
En su artículo 57, se autoriza “a emitir letras denominadas en dólares estadounidenses por un monto de hasta U$S 4.571.000.000, a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central, para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente”.
Con esas letras, el gobierno podrá adquirir divisas en el BCRA, “por igual cantidad a las nominalmente expresadas en las mismas”. “Los dólares autorizados a adquirir mediante esta norma solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera”, señala el artículo 59.
Asimismo, la ley de Emergencia devuelve al Poder Ejecutivo los denominados “superpoderes” para poder modificar partidas presupuestarias.
Así está contemplado en su artículo 84, al tiempo que también le da facultades para “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
Por otro lado, Guzmán, afirmó que “las compras de divisas para atesoramiento hasta un máximo de 200 dólares, pagarán un impuesto de 30%”. Guzmán detalló que el 70% de lo que se recaude irá con destino al sistema previsional y el 30% restante a la construcción de viviendas”.
No estarán alcanzadas por el impuesto los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco los asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado Nacional, Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.
Así, el Gobierno podría disminuir la alicuota del impuesto o suspender el mismo si lo considera necesario.
En tanto, de acuerdo al artículo 5 de la norma, se postergarán por 180 días los aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural y se facultará al Ejecutivo “a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario”.
También se faculta al PEN en el artículo 7 “a intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un año”.
Uno de los puntos más conflictivos, tiene que ver con las retenciones. En este aspecto, el poroto de soja pasará a tributar 33% en lugar del 30% como hasta ahora, mientras que el maíz y el trigo lo harán en un 15%, de aprobarse el proyecto.
El texto indica que “se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional”, aunque no se dio el detalle de cuáles serían tales producciones. Asimismo, prevé que “los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo Nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores”.
En otro párrafo el escrito dictamina que “el 70% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional De La Seguridad Social”.
Para el caso de las Pymes, se instrumentará un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y mini pymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar.
Habrá rebajas de contribuciones patronales para las empresas pequeñas y medianas empresas.
Otro de los puntos, hace hincapie en los impuestos. Aquí se modifica el mecanismo para calcular el ajuste por inflación en los balances de las empresas.
Se aumentan en forma progresiva el impuesto a los Bienes Personales, pero se mantienen exceptuadas a pagar el impuesto a los bienes que no superen los tres millones de pesos. Asimismo, se aumenta la alícuota para los activos en el exterior.
Suben los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas. Y se duplican las tasas de estadística para importar bienes de consumo.
Por último, los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.
En efecto, los aumentos salariales por decreto, es otro de los puntos que están incluídos en el proyecto del Ejecutivo. Aquí explicaron que el artículo 54 delproyecto indica taxativamente la facultad del Poder Ejecutivo Nacional: “Disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
Al mismo tiempo, faculta al PEN a eximir “temporalmente” de los aportes y contribuciones patronales por el pago de esas remuneraciones. De la misma manera, el Gobierno podrá reducir los aportes y contribuciones previsionales en los casos de “jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas”.
Mientras que el proyecto autoriza al PEN a modificar la composición de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La norma también contempla que hasta el 31 de diciembre de 2023, el 70% de la cartera del FGS podrá estar invertido en títulos públicos cuente o no con garantía.