La presidenta de la Auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura participó de un trabajo de relevamiento y búsqueda de datos en el marco de la auditoría que el organismo está realizando sobre el polémico sistema de concesiones del predio ubicado en Costanera norte.
Si hay una política que desata polémicas cada vez que se la aborda, esa es la que está vinculada al sistema de concesiones del Gobierno de la Ciudad. Y si hay un emblema de esa política, ese es el predio de Costa Salguero. Por si hacía falta algo más, la tragedia ocurrida durante la fiesta electrónica Time Warp en abril de 2016, en la que murieron 5 jóvenes, y que se realizó en uno de los espacios para eventos que se explotan en el predio puso al rojo vivo la cuestión del negocio de las concesiones porteñas.
El organismo de control porteño trabaja hace meses en el análisis de la empresa que tiene la concesión del predio y del nutrido conjunto de subcontratistas que explotan diferentes negocios en el lugar. En ese marco, es que el jueves a la mañana un nutrido equipo de trabajo se hizo presente en el lugar, acompañados por la presidenta de la la AGCBA y otra auditora.
“Nosotros estuvimos años intentando que se auditaran las concesiones en Costa Salguero pero siempre chocábamos con la negativa del macrismo que impedía cualquier intento. Fue la tragedia en Time Warp lo que abrió la posibilidad de trabajar en el predio”, dijo Segura durante el recorrido junto a los equipos de trabajo de la AGCBA.
La presidenta del organismo, sin embargo, aclaró que lo que se está auditando son las concesiones y no la fiesta Time Warp en sí misma. “Pedimos auditar la fiesta pero el Pro, y el espacio de Lousteau, se pusieron de acuerdo y bloquearon nuestra iniciativa”, agregó.
En referencia al trabajo específico que los equipos técnicos realizaron, Segura aclaró: “Este procedimiento lo hicimos porque nos estamos encontrando con muchas dificultades para acceder a la información sobre el estado de la habilitaciones o sobre la composición societaria de las empresas, por nombrar las más importantes. En este punto hay que decir que el macrismo habla mucho de ‘gobierno abierto’, pero cuando se lo audita pone todo tipo de dificultades para el acceso a la información”, agregó.
El trabajo de los equipo de auditoría se extendió a lo largo de toda la mañana en distintos grupos que recabaron documentación en la empresas Telemetrix, la concesionaria de Costa Salguero y en las 18 empresas subconsecionarias que tienen emprendimientos comerciales en el predio.
En el cierre del trabajo, Segura se refirió al siempre controvertido tema de las concesiones sobre el espacio público porteño. “Bien hecha, una concesión sirve para que el Estado pueda captar inversiones privadas y poner en valor bienes de la Ciudad, para que el concesionario invierta, y luego, cuando el bien regresa al Estado, lo haga con un valor mayor al que tenía al momento de la concesión. El problema está cuando el Estado no controla que se cumplan los términos del contrato, o que se pague un precio razonable por la explotación. Ahí es cuando se da vuelta la lógica y la concesión se convierte en rentabilidad pura para los privados. Lamentablemente, Costa Salguero es un ejemplo de la peores prácticas en materia de concesiones”.