Mientras en la Legislatura porteña continúa la discusión en la Comisión de Desarrollo Económico sobre si adherir o no a la ley nacional que prohíbe la comercialización de medicamentos de venta libre fuera del ámbito de las farmacias, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA) se unieron para buscar alguna alternativa que seduzca a los legisladores para que, en la Ciudad, la ley 26.567 dictada por el Congreso no se haga efectiva.
En la sede de ADGYA, y ante un grupo de asesores legislativos y periodistas, se presentó el programa ?Tienda Segura?, desarrollado e implementado en Colombia, tras un largo debate dado en dicho país sobre lo positivo y negativo de la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
?En mi país llegamos a la conclusión que se debe priorizar el interés del usuario por sobre los intereses de los diferentes grupos comerciales e industriales. La realidad es que las tiendas, lo que ustedes llaman kioscos, tienen una alta presencia social, un importante porcentaje de las ventas minoristas, una fuerte demanda en sectores de bajos recursos, y se ubican en zonas dónde no hay otros tipos de comercios?, Paula Gómez Vélez, subdirectora Ejecutiva de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes de Colombia).
Tras reconocer que ?el tendero (kiosquero) puede tener un impacto negativo en la comunidad, se creó un programa social de apoyo y capacitación al tendero para concientizarlo de la venta de alcohol, medicamentos, etc.?.
?Tienda Segura es un programa que une al Estado y las Cámaras para brindar capacitación al comerciante minorista, distribuir folletos, y preparar al tendero para ser responsable en la compra de medicamentos de venta libre ?hacerlo sólo a distribuidores oficiales-, en la conservación de los mismos y en la venta. Si un kiosquero puede manejar una cadena de frío para vender yogurt, por qué no va a poder vender una aspirina?, sostuvo la representante colombiana.
Paula Gómez Pérez, también utilizó las palabras del titular del Colegio de Farmacéuticos, Ricardo Aizcorbe, quien, en el marco de este debate y defendiendo la adhesión a la ley nacional, afirmó que ?el medicamento no es un producto sino un bien social?. ?Si es un bien social debe estar al alcance de la sociedad, y las tiendas (kioscos y/o almacenes) son los comercios más próximos al vecino?, remarcó Gómez Pérez.
Ante las consultas de los presentes sobre el impacto de la venta libre de medicamentos que no requieren prescripción médica en la automedicación, la expositora afirmó que ?la gravedad de la automedicación no está en la venta de medicamentos de venta libre sino en la venta en farmacias de medicamentos de prescripción sin receta médica?.
?Un estudio realizado en España reflejó que los farmacéuticos reconocieron que vendían el 65.9% de antibióticos sin receta, el 83.5 por ciento de antiinflamatorios y el 84.8% de anticonceptivos?, destacó, detallando también que el 15 por ciento de la industria corresponde a medicamentos de venta libre, y describiendo otra medida adoptada en Colombia para realizar sanciones comerciales a aquellas farmacias que comercialicen medicamentos de forma ilegal.
Culminada la exposición. El titular de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Eduardo Medaglia, informó la intención de dicha agrupación de implementar un programa de capacitación de sus afiliados para la selección, conservación y venta de medicamentos de venta libre, expresó su voluntad de lograr que la Ciudad de Buenos Aires no prohíba la comercialización de estos tipos de productos, y aseguró que la intención ?no es reemplazar a la farmacia?. ?Los kioscos son el lugar más conveniente para conseguir remedios de venta libre para mucha gente que vive en barrios donde las farmacias de noche están cerradas. Lo que se discute no es una problemática social sino un conflicto económico?, afirmó.
Por su parte, el representante de ADGYA, Ricardo Lorenzo, aseguró que la ley sancionada por el Congreso respondió a la ?fuerte presión del sector farmacéutico?, y postuló como opción que ?la aplicación de la ley excluya una serie de productos, como las aspirinas, ibuprofeno o antiácidos?.
