Noticias Urbanas contó apenas comenzó la sesión la protesta que realizaron en el recinto un grupo de vecinos, en el mismo momento en que comenzó a debatirse el proyecto de ley Catalinas Sur 2, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta,
La Legislatura porteña aprobó, en primera lectura, un convenio con la Nación que le permitirá disponer a la Ciudad de Buenos Aires de terrenos actualmente subutilizados, en el barrio de La Boca, para destinarlos a edificación y creación de espacios públicos parquizados. Antes de su sanción definitiva, la iniciativa deberá tratarse en Audiencia Pública.
Por una parte, dos fracciones de inmuebles equivalente a casi tres hectáreas serán enajenadas por la Nación para un proyecto urbanístico de viviendas, oficinas y comercios en el 35 por ciento del suelo de esa área, mientras que el 65 por ciento restante será transferido sin costo a la Ciudad para espacio público: plazas, calles, veredas, etcétera.
Esos inmuebles pertenecen al Estado nacional y mediante el convenio que suscribió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el Gobierno de la Ciudad pasarán a formar parte de la jurisdicción local, a cuyo efecto la ley sancionada el jueves modifica la normativa urbana y rezonifica las parcelas para permitir que se realicen las obras planificadas.
El polígono se encuentra en el barrio de La Boca (Comuna 4) y es el conformado por las avenidas Brasil, Pedro de Mendoza, las calles Gualeguay, Caboto, Arnaldo D’Espósito y el deslinde con un club de tenis, donde se abrirá una nueva calle. Esta zona será dividida en dos fracciones (una de 1,6 hectárea y otra de 1,2 ha) ya que por el medio pasan las vías ferroviarias, haciendo de divisoria. Ambas partes se venderán para emprendimientos inmobiliarios en el 35 por ciento de su suelo, mientras el 65 por ciento restante será de propiedad de la Ciudad y de uso público.
Por la misma ley, también se rezonificó como Urbanización Parque un terreno de dos hectáreas en las proximidades de los anteriores pero que en este caso pertenecen a la Ciudad. Se extiende a lo largo de dos cuadras por la avenida Azopardo, entre Brasil y D’Espósito y se ensancha aproximadamente una cuadra hasta el deslinde con un club de tenis.
Ese lugar será convertido en espacio verde parquizado, exceptuando el edificio de una escuela que funciona en la esquina de Azopardo y Brasil y el amplio predio donde funciona la Asociación Vecinal Catalinas Sur (en Azopardo y Necochea), que tiene permiso de uso otorgado por una normativa anterior de la Legislatura.
El convenio con la Nación establece que del producido de la enajenación de los inmuebles, una vez deducido el valor recuperable, una tasa de compensación y gastos razonables, la Ciudad recibirá hasta 20 millones de dólares de lo que haya obtenido “mayor valor”. Si quedan excedentes corresponderán a la AABE. El Tribunal de Tasación de la Nación valuó, en junio último, en unos 330 millones de pesos a ambas fracciones de terrenos (una de 15.824 m2 y otra de 11.507 m2).
Tal como explicó el legislador Agustín Forchieri (Pro), miembro informante en su carácter de presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, la Ciudad aplicará ese monto, que puede llegar hasta 20 millones de dólares, a planes de desarrollo en la Comuna 4.
Las dos fracciones que se pondrán en venta serán “zona destinada a la localización de equipamiento administrativo, financiero e institucional, a escala de sector urbano/local, con adecuada accesibilidad, complementado con actividades residenciales de alta densidad, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda”. En medio de ambas, habrá un triángulo de espacio público verde y una calle de convivencia paralela a las vías férreas.
Se permitirá edificar hasta 150.000 metros cuadrados y se podrá disponer la “guarda y estacionamiento de vehículos de carga y descarga en subsuelo, de acuerdo a la actividad, pudiendo ocupar el 75% de la parcela, siempre que se adopten las medidas necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales”. En la superficie no se permitirán estacionamientos.
Las tres nuevas calles que se prevén abrir son las siguientes: a) oblicua, entre Brasil y D’Espósito como calle de convivencia; b) perpendicular a Brasil y paralela a las vías, como arteria vehicular, y c) paralela a la subida a la autopista, como arteria vehicular.
La ley aprobada el jueves en primera lectura surgió de la iniciativa original de los vecinos, a lo que luego se sumó un proyecto formal del Poder Ejecutivo porteño. Llegó al recinto de sesiones tras ser analizada en la Comisión de Planeamiento Urbano, donde se emitieron un despacho de mayoría (el aprobado) y otro de minoría de los diputados Javier Andrade (FpV) y Adrián Camps (PSA), que proponía destinar todos los terrenos en cuestión a espacio verde de uso público y libre.
La votación resultó afirmativa por 33 votos positivos (del Pro, CC y CP), 14 negativos (del FpV, PS, PSA, FIT, BC y AyL) y 11 abstenciones (Suma+, BP, SP y MJ).
Además de Forchieri, hablaron en el debate los legisladores Paula Penacca (FpV), Laura Marrone (FIT), Adrián Camps (PSA), Maximiliano Ferraro (CC) y Gustavo Vera (BC).
Lo que dijeron los legisladores
Una vez que se aprobó la ley, Forchieri declaró: “Equilibrar nuestra Ciudad no significa otra cosa que desarrollar la zona sur. Y eso solo puede lograrse si llevamos a sus barrios nuevas inversiones e infraestructuras que permitan a sus actuales y futuros residentes vivir mejor, con más vivienda, más servicios, más seguridad y más espacios públicos”.
“La regeneración urbana de la Comuna 4, y del barrio de La Boca en particular, debe seguir el camino del impulso y el desarrollo. Porque proteger un barrio no es dejarlo como está, sino darle la oportunidad de una transformación favorable. Es la renovación urbana equilibrada e inclusiva, y no la visión inmovilista, la que garantiza que un barrio sobreviva”, concluyó Forchieri.
El legislador del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, votó en contra. “Estos proyectos se reiteran, la venta de tierras públicas de propiedad del Estado nacional con rezonificación otorgada por esta Legislatura. Por ejemplo con Catalinas Norte y el playón ferroviario de Colegiales.”
“Este proyecto es ilegal porque se pretende vender tierras de propiedad de la Nación sin pasar por el Congreso, tal como lo establece el artículo 75 inciso 5 de la Constitución nacional. Se pretende vender esas tierras por decreto presidencial a través de la Agencia de Bienes del Estado”, denunció el legislador socialista.
“El problema es que este proyecto es un acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Esta Legislatura debería defender los intereses de los porteños, en este caso representados por los vecinos del barrio de La Boca. Ellos han elaborado un proyecto superior, que propone la creación de una Unidad de Gestión Socio Ambiental para esas tierras, priorizando los espacios verdes. Eso es lo que los diputados deberíamos defender”, finalizó Camps.