El fiscal Guillermo Marijuán, quien está a cargo de la investigación penal para determinar si se cometió delito en la firma del contrato por las vacunas contra el coronavirus compradas por el Estado argentino al laboratorio AstraZeneca, citó como testigos al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y a Cecilia Nicolini, la asesora presidencial que se encarga de negociar vacunas con diferentes laboratorios del mundo.
Cafiero y Nicolini deberán declarar en los próximos días, como ya lo hizo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien prestó declaración testimonial por escrito y por vía digital la semana pasada. Además de disponer las citaciones de Cafiero y Nicolini, el fiscal Marijuán le ordenó a Vizzotti que comunique a su fiscalía si había alguna modificación en el contrato de provisión de vacunas de AstraZeneca.
Hace unos días el Gobierno anunció que llegarán en breve 3,9 millones de dosis incluidas en el contrato firmado con AstraZeneca, que se comprometió a proveer algo más de 22 millones de dosis antes del 30 de junio próximo.
En su declaración. Vizzotti explicó que: “El laboratorio AstraZeneca admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo. Estas dificultades no sólo impactaron en el cronograma tentativo de entrega acordado con Argentina; cabe destacar que la mayoría de los países del mundo que suscribieron un acuerdo con este laboratorio manifestaron públicamente su preocupación ante la falta de entrega de dosis. De todas formas, vuelvo a reiterar que las dificultades para escalar la producción y el consecuente retraso en las entregas previstas inicialmente no es un problema propio de AstraZeneca ni exclusivo de Argentina”.
La investigación del caso fue iniciada en el mes de abril pasado luego de una denuncia presentada por Josefina de Elizalde (por Acción Conjunta Republicana) que recayó en el juzgado de Julián Ercolini quien delegó a Marijuán que se investigue a los responsables de la firma del acuerdo, tanto del ámbito estatal como del privado.
En la denuncia se destaca que “en la actualidad no se habría recibido ninguna de las dosis acordadas” pese a que había trascendido un cronograma de entrega. La investigación judicial de los alcances del acuerdo que firmó la Casa Rosada con Oxford-AstraZeneca involucra al presidente Alberto Fernández, al ex ministro de Salud, Ginés González García, y a su sucesora, Vizzotti, entre otros.
En el contrato firmado entre el Gobierno Nacional y el binomio científico universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca por exactamente 22.429.842 millones de dosis totales -el primero firmado por el Estado argentino en pandemia- se señaló que el “Vendedor” es AstraZeneca UK Limited compañía constituida en Cambridge, Inglaterra, que se ha asociado con la universidad Oxford University para la fabricación de una vacuna contra el Covid-19, llamada primero ChAdOx1 nCov-19; luego conocida como AZD1222, y finalmente, cambió su nombre final a AstraZeneca Covid-19 .
Por esta operación (22.429.842 millones de dosis totales) Argentina pagó anticipadamente 92 millones de dólares, aunque todavía el país no recibió ninguna vacuna de este contrato.
En la parte del “Comprador” figura el ministerio de Salud de la Nación y el firmante fue el entonces ministro de la cartera de Salud: González García, y lo hizo el 6/11/2020. Existen otros dos funcionarios ejecutivos designados por el Estado, uno es el director de Acceso y Asuntos Gubernamentales para Argentina, Germán de la Llave y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo. González García renunció a su cargo debido al escándalo del Vacunatorio VIP en el que fueron inoculados con la vacuna rusa Sputnik V allegados al oficialismo.